El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y su director ejecutivo, Milton Morrison, interpusieron una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción legal interpuesta el pasado 4 de julio, acusa a los ejecutivos de la compañía de una trama de sobornos, lavado de activos, chantaje y asociación de malhechores, con el objetivo de obtener ilegalmente la extensión de un contrato vencido.
La querella detalla que Dekolor ofreció sobornos de hasta un millón de dólares estadounidenses y pagos mensuales de tres millones de pesos dominicanos a funcionarios del INTRANT, como parte de un intento para conseguir la prórroga del contrato estatal para la instalación y operación del sistema de emisión y renovación de licencias de conducir.
Según la denuncia, estos ofrecimientos incluyeron entregas de dinero en efectivo, amenazas personales y presiones directas a la administración encabezada por Morrison Ramírez.
El contrato en cuestión, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, facultaba a Dekolor para administrar 21 centros de atención, proveer el personal y los equipos necesarios, así como operar tecnológicamente el sistema de licencias de conducir en todo el territorio nacional.
A pesar de que este contrato había sido modificado en tres ocasiones a través de adendas que no contaron con la aprobación del Consejo del INTRANT, la empresa buscaba extender su vigencia sin recurrir a un proceso competitivo, lo que contraviene los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.
De acuerdo con la querella, los actos imputados constituyen violaciones a la Ley núm. 448-06 sobre Soborno, a la Ley núm. 155-17 de Lavado de Activos, y configuran delitos como estafa contra el Estado y chantaje electrónico según el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El documento judicial, sustentado en informes técnicos del propio INTRANT y de la Contraloría General de la República, así como en evidencias documentales y testimonios de testigos clave, describe lo que se califica como una “estructura criminal” destinada a manipular decisiones administrativas y desviar fondos públicos.
La querella también hace referencia a la posible implicación de otros actores que, según indica el texto, deberán ser identificados y depurados por las investigaciones del Ministerio Público. Se señala que la estrategia de Dekolor consistía en prolongar el contrato vencido a toda costa, recurriendo a prácticas ilegales para mantener el control del lucrativo negocio de la emisión y renovación de licencias.
Expertos en derecho penal y administrativo consideran que esta acción judicial representa un precedente importante en la lucha contra la corrupción, al tratarse de un caso en el que un alto funcionario público decide ejercer directamente la acción penal como parte civil, en vez de esperar que el Ministerio Público actúe de oficio.
Este hecho es calificado como inusual y prácticamente sin precedentes documentados en la historia reciente de la administración pública dominicana.
La querella interpuesta por el INTRANT y su director busca, además de la persecución penal, la restitución de posibles daños y perjuicios sufridos por el Estado dominicano.
El caso ahora queda en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que deberá determinar si procede la apertura formal de una investigación penal contra los acusados y, en su caso, solicitar medidas de coerción ante los tribunales.
Por su parte, el INTRANT reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y para garantizar que los procesos de contratación pública se ajusten a la ley y al interés colectivo.
