El abogado de uno de los militares imputados en la red que sobornaron instituciones públicas para adquirir contratos de seguridad privada afirma que su cliente es un teniente que obedecía órdenes de superiores y de buena voluntad facilitó su cuenta a su jefe que le depositó «varios millones de pesos».
El abogado Franklin Piña, se negó a ofrecer el nombre de su defendido, pero dijo que su superior ostentaba un cargo en una de las distribuidoras de electricidad y que su representado trabajaba para él en esa institución.
También, el abogado Víctor Manuel Marte, defensa del primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, sostuvo igualmente que este era de rango inferior y que solo obedecía órdenes.
Se le depositaron millonarias sumas en circunstancias similares.
Detalla el Diario Libre que los abogados fueron entrevistados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde fueron a visitar a sus clientes detenidos, que esperan se les solicite medida de coerción.
Oficiales superiores arrestados
El Ministerio Público arrestó a 15 militares, entre ellos un mayor general del Ejército, y a civiles, acusados de pertenecer a una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, del coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; del primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y del coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los contratos eran en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
