La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República informó que detectaron distintas violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) durante el año 2024.
Mediante un informe, realizado junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la unidad manifestó que se identificaron indicios relevantes de conflictos de interés y posibles actos de colusión entre oferentes.
A través de un comunicado de prensa, se informó que los análisis detallado de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, destinados a la adquisición de utilería escolar, incluyó entrevistas a 29 personas, revisión documental y solicitudes de información a diversas entidades estatales. Los hallazgos revelan graves violaciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
“Entre las principales violaciones identificadas se destacan la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas. Asimismo, se detectó una preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados”, reseña el documento de prensa.
De acuerdo al Listin Diario, la nota señala que, “en virtud de la gravedad de estos hallazgos”, el expediente completo ha sido remitido a la Procuraduría General de la República para los fines legales correspondientes.
Durante el desarrollo de la investigación se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, específicamente actos de colusión entre oferentes.
Según el comunicado, estos indicios surgen a partir del análisis de vínculos societarios y personales entre representantes legales de distintas empresas participantes, lo cual sugiere una coordinación previa orientada a influir de manera indebida en los resultados del proceso de contratación.
Además, indicaron que estas acciones comprometen los principios de equidad, libre competencia y transparencia que deben regir las contrataciones públicas, y constituye una infracción a la normativa vigente, razón por la cual estos hallazgos también serán remitidos a las autoridades competentes para su investigación especializada, incluyendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Se recuerda que la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó suspender el registro y procesamiento de cientos de contratos, así como la ejecución de pagos vinculados a éstos, hasta tanto terminen las investigaciones que aún se encuentran en curso. Las recomendaciones buscan proteger los fondos públicos frente a posibles erogaciones indebidas.
La investigación de la Unidad Antifraude y la DGCP arrojó, además, indicios de una posible confabulación entre funcionarios del Inabie y determinados proveedores, evidenciada en patrones de comportamiento que sugieren coordinación previa para beneficiar a empresas específicas durante los procesos de licitación.
“Entre las prácticas observadas se encuentran la flexibilización de criterios de evaluación, la omisión deliberada de controles documentales, y la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas. A esto se suma el comportamiento irregular y sospechoso de varios peritos evaluadores, así como de los coordinadores responsables de dirigir y validar su trabajo, quienes habrían permitido la emisión de informes sin garantías de rigor técnico ni verificación adecuada e informes alterados”, manifiestan.
En la investigación, por igual, se identificaron inconsistencias notables entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones. Además, se detectaron indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que compromete seriamente la legalidad del proceso y evidencia un patrón de actuación que podría haber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes, en detrimento de la transparencia y la equidad del procedimiento de contratación.
La DGCP recordó que continúa apoderada de tres investigaciones de oficio sobre la legalidad de los procedimientos de Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008 (polos y pantalones), INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos). En ese sentido, a la fecha han sido emitido los actos administrativos con los resultados preliminares de los procedimientos INABIE-CCC-LPN-2024-0010 (mochilas) e INABIE-CCC-LPN-2024-0012 (zapatos), los cuales indican que existen irregularidades que vician la adjudicación de 98 contratos correspondientes a zapatos y de 103 contratos de mochilas, al tiempo que se encuentran pendientes de emitir los resultados preliminares de la contratación de polos y pantalones, así como las decisiones finales sobre los tres procedimientos de compras.
