El abogado y dirigente político Rafael Linares reveló este jueves que la querella interpuesta contra el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, por supuesto enriquecimiento ilícito, tiene un trasfondo político.
«Claro que sí es política. Yo soy dirigente político y busco desplazar del poder a Luis Abinader y al PRM. Lo que están haciendo con los peledeístas, hoy la realidad se los está devolviendo en la cara», expresó Linares.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Linares calificó a Morrison como un “tránsfuga político”, recordando que en 2019 expresó públicamente su rechazo al PRM, pero luego se integró al Gobierno tras el colapso electoral del PLD.
“Cuando el PRM se vaya del poder, él se irá con quien mejor le convenga”, sentenció.
El jurista aseguró que su denuncia no responde a un conflicto personal con Morrison, recordando que anteriormente también criticó públicamente la gestión de Hugo Beras cuando ocupaba funciones similares. Explicó que el caso contra el actual director del INTRANT se fundamenta en la información recibida y en la magnitud de las irregularidades detectadas.
Propiedad de alto valor sin justificar
Linares detalló que presentó ante la Procuraduría General de la República un expediente de 43 páginas donde acusa a Morrison de adquirir una propiedad valorada en 837 mil dólares en 2021, la cual fue cedida en 2022 a la empresa Sidi Strategic Investment, registrada en el estado de Delaware, Estados Unidos, considerada un paraíso fiscal, de la que según afirma el funcionario es representante o propietario.
Además, denunció que Morrison realizó cuatro transacciones económicas importantes sin incluirlas en sus declaraciones juradas al pasar de Edesur al INTRANT. “Compra una casa, realiza transacciones millonarias y luego justifica que no tiene nada que ver con esa propiedad, cuando asume los gastos relacionados con ella”, afirmó.
Posibles violaciones legales y fiscales
El abogado alegó que el Ocean Bank de Miami habría cerrado la cuenta de Morrison y solicitó a la Procuraduría investigar las supuestas transacciones millonarias en dólares y pesos. Según Linares, en la última declaración jurada del funcionario aparecieron más de 24 mil dólares en dicha cuenta, suma que actualmente no está, además reveló que esa cuenta estaba cerrada y actualmente no se conocen los movimientos ni el destino de esos fondos.
Sostuvo que este caso se encuadra en lo establecido por el artículo 14 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes, lo cual permite al Ministerio Público apoderarse del bien si no se justifica su procedencia.
Señalamientos internacionales
Linares también citó declaraciones del asesor del presidente de EE.UU. UU., Roger Eston, quien advirtió que Morrison podría ser procesado en Estados Unidos por violación de leyes fiscales, al haber realizado una transacción inmobiliaria con una empresa registrada en Delaware, jurisdicción conocida como paraíso fiscal.
Según la acusación, Morrison habría vendido la casa a la empresa Sidi Strategic Investment, de la cual sería propietaria, y posteriormente habría sido contratado por otra empresa vinculada a esa transacción, sin recibir el pago completo de los servicios, lo que derivó en una hipoteca por 24 mil dólares.
El jurista también cuestionó a la periodista Nuria Piera, asegurando que tiene un contrato publicitario por 15 millones de pesos con el INTRANT y que su entrevista sobre el caso fue parcializada.
Finalmente, aseguró que Morrison “no es un hombre rico, ni ha hecho grandes obras en el país”, y lo vinculó a supuestas irregularidades durante su paso por Edesur, incluyendo cancelaciones masivas de empleados que mostraron “botellas”.
