La defensa de Ingrid Jorge, acusada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, por difamación e injuria y enfrentando una querella con una indemnización de 50 millones de pesos, aseguró este viernes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que se vieron en la obligación de recusar al Ministerio Público y a la jueza asignada, por supuesta parcialidad en el proceso.
Enrique Santelize, uno de los abogados de Jorge, afirmó que el Ministerio Público se estaría atribuyendo funciones que no le corresponden legalmente y criticó las medidas coercitivas impuestas a su clienta. “Le están pidiendo a una pobre infeliz que no tiene ni siquiera para pagar un Uber una fianza de tres millones de pesos”, declaró
«Nos vimos en la obligación de tener que recusar al Ministerio Público. En la primera audiencia les había dicho que el Ministerio Público pretende llevar un litigio temerario, eso sin contar que, por primera vez en la historia vemos que en delito de acción privada, el Ministerio Público se declara competente», expresó Santelize.
Según explicó el jurista, el Código Procesal Penal establece en su artículo 32 que en los delitos de acción privada, como la difamación e injuria, el Ministerio Público no tiene competencia. «Desde 1962 hasta la fecha, primera vez que yo veo en todos mis años de ejercicio que un Ministerio Público pretende autoproclamarse una facultad que no le pertenece y que no es competente», insistió.
Agregó que el órgano acusador impuso como medida coercitiva una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, pero no especificó el monto de la fianza en el acta. «En audiencia se destapa entonces una fianza de tres millones de pesos», dijo.
«Nos vimos en la obligación de tener que recusar al Ministerio Público, pero el Tribunal, de manera sorpresiva también nos rechazó la recusación del Ministerio Público, y en ese sentido nos vimos en la obligación de tener que recusar a la jueza del sexto juzgado de la instrucción por parcialidad», sostuvo Santelize.
