La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó a la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocer un recurso de apelación interpuesto por los fiscales contra una sentencia que condena solo a dos años de prisión a un miembro de una red criminal de secuestro que operaba en los sectores La Ciénaga y Guachupita, de la capital.
La decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Nancy Salcedo Fernández (presidenta), Frank Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Francisco Ortega Polanco, dispone que la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional realice una valoración del recurso contra la condena impuesta a Leudy Santiago de la Cruz Vásquez.
La SCJ adoptó la decisión tras acoger un recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y su Unidad Antisecuestro contra la decisión de los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte (presidenta), Luis Omar Jiménez Rosa, Teófilo Andújar Sánchez y Delio Germán Figueroa, que declaró inadmisible la apelación del Ministerio Público a la referida condena.
Ramona Nova y Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, expresaron que la decisión de la Suprema Corte se apega al derecho, al tiempo que valoraron los esfuerzos del equipo de fiscales que llevan el caso para defender a las víctimas en todas las etapas del proceso.
La sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, fue apelada ante la Corte por el Ministerio Público en virtud de que las motivaciones carecen de fundamentos al no valorarse los elementos de prueba vinculantes del procesado con la asociación de malhechores.
El Ministerio Público solicitó a la corte del segundo grado revocar la sentencia de 2 años por haber sido dictada en violación de la ley y que condenara a De la Cruz Vásquez a 20 años de prisión, o en su defecto, ordenar la celebración de un nuevo juicio por ante un tribunal distinto del que emitió la sentencia, objeto del presente recurso.
El condenado participó en la venta de al menos quince (15) teléfonos móviles, de la marca Iphone, todos robados con violencia, armas de fuego y en asociación de malhechores, los cuales comercializaba en una plaza de la capital.
La red que sustraía los celulares estaba integrada por Iván Batista Perdomo, quien fue condenado en mayo de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, así como por 4 hombres y una mujer, que también son perseguidos por dedicarse a citar a hombres por una red social enfocada en viabilizar encuentros íntimos y, luego de que la víctima accedía en acudir a un lugar determinado, era interceptada por este grupo armado que, con violencia y armas, perpetraban sus crímenes.
Una de las víctimas, de nacionalidad española, fue amenazada de muerte, apuntado con arma blanca y obligada a dar la clave de sus cuentas, tanto de teléfono como de acceso a los bancos, logrando realizarse entre los miembros de la red transferencias bancarias, además de afectar su libertad ambulatoria por espacio de 45 minutos. Además del celular, le sustrajeron otras pertenencias y dinero en efectivo.
Una de las víctimas compró los celulares (al estar liberados del Icloud), siendo engañado por la red. Los robos se realizaron en las provincias La Altagracia, Santiago, Santo Domingo y Monte Plata.
