No son figuras políticas ni participación en protestas, pero tres jóvenes venezolanas han sido condenadas a diez años de prisión por expresar opiniones críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Los hechos ocurrieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos y medios locales.
Un estado de WhatsApp
Una de las condenadas es Merlys Oropeza, arrestada 11 días después de las elecciones. Su delito: publicar en su estado de WhatsApp un mensaje en el que criticaba el funcionamiento del CLAP, el programa estatal de distribución de alimentos.
“Estas son las palabras del jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos.”
Ese mensaje fue calificado como «incitación al odio» por el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín, que la sentencia a una década de prisión, amparándose en la controvertida Ley contra el Odio, aprobada en 2017.
Desde prisión, Oropeza envió una carta a sus padres en la que aseguró que ya no tiene fuerzas y dijo no encontrar razones para seguir viviendo.
Estampar camisetas, un delito de “traición a la patria”
Los otros dos casos son los de Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, también condenados a 10 años de prisión bajo los cargos de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Ambas jóvenes se dirigieron a un pequeño negocio de serigrafía. Aceptaron un encargo de un cliente que pidió camisetas con la imagen de una estatua del expresidente Hugo Chávez. Tras entregar el pedido, fueron arrestadas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin orden judicial ni explicación.
Según su testimonio en el juicio, el cliente había insistido más de cuatro veces en que se realizaba el trabajo. Ninguna de las dos tenía antecedentes penales ni vínculos políticos.
Bajo la ley
La Ley contra el Odio, creada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, ha sido fuertemente cuestionada por su uso para criminalizar la disidencia y silenciar voces críticas.
Organizaciones como Human Rights Watch y Provea han denunciado que la normativa se aplica de manera selectiva y arbitraria, sin respeto al debido proceso ni garantías judiciales mínimas.
Protestas y represión tras las elecciones
El próximo 28 de julio se cumple un año de las elecciones presidenciales, cuyos resultados fueron calificados de fraudulentos por la oposición venezolana, gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales.
Las protestas posteriores dejaron al menos 24 muertos, según cifras de la ONG Provea, que también acusó a colectivos armados progubernamentales, en coordinación con cuerpos de seguridad, de estar detrás de varios de esos asesinatos.
