El Ministerio Público logró que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le otorgara una prórroga de cuatro meses para finalizar la investigación y presentar la acusación formal contra los implicados en «Operación Camaleón», entre ellos el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), acusados de corrupción administrativa y crimen organizado.
Fiscales justifican prórroga por complejidad del caso
La solicitud fue presentada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la procuradora especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, quienes argumentaron que el volumen de evidencia tecnológica y la complejidad de las experticias pendientes hicieron necesario ampliar el plazo.
«El tribunal comprendió que el tiempo inicial era insuficiente para concluir las investigaciones, dado el gran cúmulo de pruebas, especialmente de carácter tecnológico», explicó Ortiz. Aseguró que el retraso no se debe a negligencia, sino a la magnitud del caso, y adelantó que en los próximos cuatro meses presentarán el acto conclusivo.
La jueza Patricia Padilla fijó como fecha límite el 8 de octubre de 2024 para que la fiscalía presente su acusación.
Posibilidad de nuevos imputados
Ortiz no descartó que se incorporen más implicados antes de cerrar la investigación: «Nuestras operaciones siempre siguen líneas investigativas abiertas, por lo que podrían sumarse personas al acto conclusivo».
Acusados y delitos:
Además de Beras y Jochi, están procesados:
Pedro Vinicio Padovani Báez (exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant).
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (exdirector de Tecnología del Intrant).
Frank Díaz Warden (excoordinador de Despacho de Beras).
Juan Francisco Álvarez Carbuccia (director administrativo del Intrant).
Carlos José Peguero Vargas.
Se les acusa de integrar una red dedicada a desfalco, estafa al Estado, falsificación, contrabando, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad. Los delitos están tipificados en la Constitución dominicana, el Código Penal y leyes especiales como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
El Ministerio Público deberá presentar antes del 8 de octubre su acusación formal, que podría incluir nuevas imputaciones. Mientras, los procesados permanecen bajo medidas de coerción.
Este caso, uno de los más emblemáticos de la lucha anticorrupción en República Dominicana, sigue bajo escrutinio público por su impacto en las instituciones estatales.
