Representantes de más de un centenar de organizaciones empresariales, encabezados por el CONEP y la COPARDOM, expresaron su profunda preocupación y su rechazo a la aprobación, en primera lectura, por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de modificación al Código de Trabajo, y se mostraron en disposición de continuar el diálogo en torno al mismo.
Tras revisar el texto aprobado, reiteraron que mantienen la advertencia realizada en el Senado, de que la pieza desconoce avances previamente consensuados en el diálogo tripartito, introduce temas no discutidos y omite aspectos fundamentales para la generación de empleos formales.
“La República Dominicana merece una reforma laboral verdaderamente transformadora, que genere más y mejores empleos, y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos”, expresaron las organizaciones empresariales. Lamentaron la “urgencia” con la que los diputados apresuran el conocimiento de una reforma que desconoce los temas estructurales requeridos para la anhelada modernización.
Desde el inicio de las discusiones, el sector empleador resaltó la necesidad de actualizar la legislación laboral. Han reiterado su disposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar un consenso que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores, impulse la productividad, fomente la creación de empleos formales y fortalezca la competitividad de nuestra economía. “Esta reforma envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta grandes retos globales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro”, afirmaron en la nota de prensa.
“Insistimos en que cualquier reforma al Código de Trabajo debe ser fruto de un proceso amplio, participativo y basado en estudios técnicos que evalúen sus impactos económicos y sociales. Esta reforma, en los términos actuales, hace perder la oportunidad histórica de lograr algo trascendental con el apoyo de toda la sociedad”, afirmaron.
Reiteraron su llamado al Congreso Nacional y a las autoridades competentes a ser prudentes y retomar el diálogo tripartito, con la participación activa de empleadores, trabajadores y Gobierno, para construir un marco regulatorio moderno, justo y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual y de las futuras generaciones.
