Un tribunal dictó auto de apertura a juicio en contra de dos hombres acusados de provocarle la muerte a una adolescente el año pasado en una cabaña de la provincia Azua.
El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua adoptó la decisión en contra de los procesados Elis Saúl Contreras Aristy o Elisaul Contreras Batista y Yersi Adrubal Calderón con base en las pruebas que sustentan la acusación presentada por el Ministerio Público.
El 26 de mayo de 2024, alrededor de las 5:30 de la mañana, los procesados se asociaron para cometer los hechos mientras se encontraban en el sector Monte Río. Detalla que ambos se desplazaron a bordo de una yipeta alquilada.
Antes de cometer el crimen, según relata el expediente, los acusados raptaron a la hoy occisa ya otra adolescente en la calle Francisco Alberto Caamaño, en el municipio Las Charcas, de Azua.
Indica que, posteriormente, ambos procedieron a trasladar a las víctimas a la cabaña Monte Río. Mientras se encontraban en el lugar, en una habitación VIP presidencial, Contreras tomó un arma de fabricación casera (chilena), tipo escopeta, con la que mató a la joven de 15 años de edad tras propinarle un disparo en la cabeza. El caso ocurrió en momentos en que los dos hombres agredían sexualmente a las víctimas.
Luego que ocurrieron los hechos, la otra adolescente que se encontraba en lugar salió corriendo pidiendo auxilio, mientras los dos hombres huyeron con el fin de sustraerse de la responsabilidad penal.
Bajo la dirección del fiscal titular del Distrito Judicial de Azua, Dante Castillo, durante las pesquisas fueron obtenidas pruebas suficientes con las que se desarrollaron en el tribunal la vinculación de los procesados con los graves hechos.
El fiscal Arodis Sánchez Bencosme realizó la investigación, en tanto que la fiscal Mercedes Soriano representa al Ministerio Público en el litigio del caso.
Los acusados fueron enviados a juicio por decisión de la juez de la Instrucción de Azua, Dayana Gil.
El Ministerio Público otorgó al caso la violación de los artículos 59, 60, 295, 330 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como el artículo 396, letra C, y 412 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
En este proceso a ambos acusados les fue ratificada la prisión preventiva, como medida de coerción, que cumplen en la cárcel del 19 de marzo, de la provincia de Azua.
