La presidenta electa de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), Sarah Hernández, llamó al Gobierno y al empresariado —incluido el sector turístico— a dejar atrás las contradicciones en torno al Proyecto de Ley de Residuos Sólidos. A su juicio, la no pronto aprobación de esta normativa pone en riesgo no solo el medio ambiente y la salud pública, sino también la imagen del país como destino turístico confiable.
“Esta es una ley necesaria, urgente y que no debería seguir estancada por diferencias que pueden resolverse con voluntad política y diálogo”, dijo la periodista y abogada, quien asumirá la presidencia de Adompretur el próximo 19 de agosto.
Según explicó, el proyecto de ley busca crear un marco legal robusto para la gestión integral de residuos, basado en principios de reducción, reutilización, reciclaje y valorización. Más allá de lo ambiental, subrayó que el impacto económico es evidente, sobre todo en un país cuya economía depende tanto del turismo.
“No se trata solo de recoger basura. Se trata de proteger nuestros recursos naturales, de ofrecer destinos limpios, seguros y sostenibles. Y eso requiere una normativa más clara y aplicable, con respaldo firme de todos los sectores”, agregó.
Hernández advirtió que si el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo no resuelven pronto los puntos de fricción en torno a la ley, podrían repetirse los mismos errores del pasado que proyectos de ley pertinentes mueren por falta de acuerdos entre sectores con intereses opuestos.
Hernández refiere que los ambientalistas coinciden que que esta Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos no es solo un tema ambiental. “Es también una herramienta estratégica para asegurar el futuro del turismo dominicano.
Observó que hoy más viajeros están atentos al compromiso ambiental de los destinos que visitan. “Si República Dominicana quiere seguir siendo competitiva, necesita mostrar que toma en serio la sostenibilidad. La ley de residuos sólidos sería una señal clara de que el país va en esa dirección”.
“Me consta que esta es una preocupación del sector turístico, lo es del empresariado en general y de las autoridades, por lo que se debe de evitar un tranque que impida su aprobación”, manifestó.
Hernández agregó que ha participado en importantes seminarios en los que se han presentado estudios que avalan que nuestros ecosistemas marinos y terrestres están amenazados por el mal manejo de residuos, ya que los plásticos que terminan en el mar afectan los arrecifes, la fauna. Sin ley, no hay control real.
Dijo que en esos eventos hoteles, restaurantes y operadores turísticos han planteado que ya gastan millones en limpiar lo que otros ensucian. “Con una legislación bien estructurada, esos costos podrían reducirse y parte del problema se resolvería desde la fuente: menos residuos, mejor gestión, más oportunidades de negocio”, sostuvo.
“No se trata de una simple ley ambiental; se trata de blindar el turismo dominicano, de cuidar su imagen, de garantizar su viabilidad a largo plazo. Hernández dijo sin rodeos: “Esta ley es vital y que no se apruebe por conflictos de intereses sería un error que el país no puede permitirse”, concluyó.
