La DGII le fabrica deuda de 73 millones a colmadero de Los Mina

En pleno corazón de Los Mina, un pequeño negocio de provisiones se ha convertido en escenario de una pesadilla fiscal. José Fermín, un comerciante honrado y trabajador, enfrenta una deuda con la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) que supera los 73 millones de pesos, un monto que ni en sueños podría generar su pequeño local.

Fermín explica que todo comenzó con un mal manejo contable relacionado al uso del Verifón para transacciones con la tarjeta Solidaridad. El contador que contrató, lejos de solucionarle el problema, lo hundió más al presentar declaraciones desde el año 2013 sin reportar compras ni gastos. Todo fue registrado como ingreso puro, generando una deuda original de alrededor de 17 millones, la cual ha crecido por recargos e intereses hasta convertirse en una cifra impagable.

“No hay forma de que, ni muriéndome, pueda pagar eso”, lamenta Fermín, quien asegura que vive en constante ansiedad, con problemas de salud como presión alta y diabetes que nunca antes había padecido. La situación ha afectado también a su familia, y tanto su esposa como sus hijos se han visto obligados a emigrar buscando una vida más estable.

Pero el drama no termina ahí. La DGI ha embargado su cuenta bancaria, ha puesto oposición a su único vehículo (un carro viejo y averiado del 2010), a la casa donde vive, y hasta a la vivienda que compró a nombre de su madre. Literalmente, José Fermín se ha convertido en un muerto fiscal: no puede acceder a préstamos, no puede vender, no puede invertir, y ni siquiera puede cerrar el negocio para empezar de nuevo.

“Estoy caminando sin rumbo”, afirma Fermín, conteniendo las lágrimas, al recordar que en más de una ocasión ha considerado quitarse la vida. “Dios me ha tocado… pero esto es muy duro”.

Su abogada y asesora, Pablita Cabrera, ha llevado el caso ante el Tribunal Superior Administrativo, donde ya se obtuvo una sentencia que ordenaba levantar las oposiciones de la DGI. Sin embargo, la institución volvió a imponerlas, sin haber hecho una auditoría presencial en el negocio. “Lo que pedimos es una revisión justa. No es evasión lo que se busca, es un trato humano”, expresa Cabrera con evidente frustración.

Ella asegura que el negocio apenas genera entre 500,000 y 600,000 pesos mensuales en ventas. “Ni vendiendo toda su mercancía durante años podría generar 73 millones”. Y aun así, la DGI sigue acosando a la familia con notificaciones, llamadas y embargos, negándose a negociar o reestructurar la deuda.

“Queremos pagar, pero algo justo, real, que refleje la verdadera situación del negocio. No un monto impuesto por un formulario mal llenado”, clama Fermín, quien ahora ve cómo su vida y su dignidad se desmoronan sin que el Estado le ofrezca una salida.

Un llamado al presidente y a las autoridades

Este caso ya fue presentado públicamente y generó una gran preocupación en redes sociales. El comunicador Peguero acompañó a Fermín y Cabrera a su negocio y, con indignación, denunció que “al pequeño lo aplastan y al grande le dejan hacer lo que quiera”.

Cabrera y Fermín han hecho un llamado directo al presidente Luis Abinader, al director de la DGI Luis Valdés, y al nuevo ministro de Hacienda Magín Díaz:

“No queremos evadir. Solo pedimos que se nos permita vivir”.