AFP 
Una diputada de oposición en El Salvador presentó este viernes ante la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra la reelección presidencial indefinida, aprobada por el Congreso para permitir la continuidad del mandatario Nayib Bukele.
En trámite exprés, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el mandato de cinco a seis años.
«Venimos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de las reformas que se hicieron la semana pasada a la Constitución de la República», señaló a periodistas la diputada Claudia Ortiz, del derechista partido Vamos.
«Evidentemente, habilitar la reelección indefinida de la presidencia de la República violenta uno de los principios más importantes de la Constitución, que es que tiene que haber alternancia en el ejercicio del poder», sostuvo Ortiz.
El Congreso de 60 miembros, entre ellos solo tres opositores, también sincronizó las elecciones presidenciales, legislativas y municipales y eliminó la segunda vuelta electoral.
Ortiz explicó que su recurso, presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte, busca impugnar «específicamente» la reelección presidencial indefinida.
La Sala de lo Constitucional deberá evaluar la demanda para decidir si cumple los requisitos para ser admitida a debate.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la reelección presidencial indefinida es un «golpe» y «tiro de gracia» a la democracia en el país, lo que Bukele niega.
Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió que permitir la reelección presidencial indefinida «representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho» en El Salvador.
«La CIDH insta a reconsiderar la reforma que permite la reelección indefinida o la permanencia prolongada de la misma persona en el poder Ejecutivo», señaló la Comisión con sede en Washington en un comunicado.
Bukele, en el poder desde 2019, goza de enorme popularidad por su «guerra» contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. Pero su política de seguridad está basada en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos.
Ya en 2024, la reelección de Bukele había sido cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.
Amaury Mo 