¡Indignación en Manzanillo!: Contratista del Puerto evade pago de arbitrio por uso de suelos y excluye de empleos a la comunidad

Por Frank Valenzuela: El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció este domingo que el ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación del Puerto de Manzanillo, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa DR-L1141 y destinado a ser un motor de desarrollo para la Línea Noroeste, se ha convertido en el epicentro de una creciente indignación social en el municipio Pepillo Salcedo.

Frank Valenzuela, presidente de la organización ciudadana, destacó que el conflicto se centra en una doble denuncia que golpea los pilares de la responsabilidad social y legal de la empresa contratista, Soletanche Bachy Colombia, la cual opera bajo la supervisión del Consorcio PEYCO Seg. Giménez Cuenca.

Por un lado, la denuncia principal, respaldada por fuentes locales y autoridades que prefieren el anonimato, es que la empresa ha evadido el pago de los impuestos correspondientes al uso de suelo al Ayuntamiento Municipal. Esta presunta omisión fiscal priva al municipio de ingresos vitales para gestionar el impacto que la propia obra genera y es percibida no como un descuido administrativo, sino como un acto de desdén hacia la autoridad local y sus habitantes.

El segundo agravio, y quizás el más doloroso para la comunidad, es la política de contratación laboral. Según la denuncia, de más de un centenar de empleos generados por el proyecto, apenas una docena (es decir, el 11 %) han sido ocupados por residentes de Pepillo Salcedo y sus comunidades aledañas. Esta cifra contrasta de manera flagrante con los compromisos de inclusión estipulados en los propios documentos del proyecto, que enfatizaban la necesidad de reclutar mano de obra no calificada en la zona de influencia directa.

Como resultado, la situación ha destapado una profunda brecha de confianza entre la comunidad y los ejecutores del proyecto. Lo que se vendió como una oportunidad histórica para mitigar la pobreza y el desempleo en una de las zonas más vulnerables del país es visto ahora por muchos como un ejemplo de cómo las grandes inversiones pueden operar de espaldas a la población local, extrayendo valor del territorio mientras se ignoran las necesidades y los derechos de sus habitantes, alimentando un justificado sentimiento de agravio.

La voz de alarma: “A los jóvenes de aquí no les dan empleo”

El Centro CEBAMDER afirma que fue el profesor Edis Hernández, una figura respetada en la comunidad, quien primero encendió las alarmas sobre las prácticas laborales del contratista. A través de su red social Facebook, Hernández reveló la información que circulaba entre los vecinos: la empresa a cargo de la reparación del puerto, operando en los terrenos del viejo taller, estaba sistemáticamente negando oportunidades de empleo a los jóvenes de Manzanillo, Copey y Carbonera, sembrando la desesperanza.

La denuncia de Hernández no se quedó en la generalidad, sino que apuntó a un mecanismo concreto de exclusión. Señaló directamente que la encargada de Recursos Humanos de la compañía es originaria de San Fernando de Monte Cristi y que, según las quejas, prioriza de manera abrumadora la contratación de personal de su municipio de origen. Este señalamiento dio un rostro y un método a la frustración de los aspirantes locales, que veían cómo las oportunidades se desviaban sistemáticamente hacia fuera de su comunidad.

Para dar peso a su acusación, se expusieron cifras alarmantes que evidenciaban el patrón de contratación. De un grupo reciente de doce nuevos empleados, la totalidad provenía del municipio de San Fernando, mientras los currículos de los locales eran ignorados. La justificación extraoficial que, según los denunciantes, ofrece la empresa es que los residentes de Pepillo Salcedo “no tienen las competencias para hacer ese tipo de trabajo”, un argumento que la comunidad rechaza por considerarlo una excusa para justificar el favoritismo.

Las declaraciones del profesor Hernández no solo visibilizaron el problema, sino que actuaron como un catalizador para el descontento social que ya latía en la comunidad. Al dar voz pública a un sentimiento generalizado de exclusión, se abrió la puerta para que decenas de ciudadanos encontraran en esa red social un espacio para compartir sus propias experiencias y expresar una indignación que, hasta ese momento, se mantenía en el ámbito de la conversación privada, convirtiendo un rumor en un clamor público.

El clamor digital: la indignación se vuelca en las redes sociales

Tras la denuncia inicial, la red social Facebook se convirtió en el principal foro de catarsis y debate para los manzanilleros. Consuelo Peña Perdomo resumió el sentir general al escribir: “Si los de aquí han aplicado, hay que darles oportunidad también. Eso debe ser más equitativo, es nuestro territorio. Así no. Manéjense mejor”. A su voz se sumó la de Johnnatan Castro Moreno, quien afirmó: “Pienso que hay que brindarle más oportunidades a nuestra juventud manzanillera, sí es cierto que hay muchos preparados”.

El sentimiento de injusticia se entrelazó con la percepción de un desequilibrio ambiental y social. Moreno Belliard lo expresó con crudeza: “El pueblo de Manzanillo está recibiendo todo el polvo y la contaminación de esa compañía. Por lo visto, los de Manzanillo son los que deben recibir los beneficios”. Esta idea de soportar las cargas del proyecto sin recibir sus ventajas fue un tema recurrente, validado por comentarios como el de Fernando Capellán: “He oído que no les gusta meter gente de aquí, no sé por qué, pero lo he escuchado”.

La frustración escaló rápidamente hacia llamados a la acción directa, mostrando el agotamiento de la paciencia comunitaria. Welinton Pérez fue tajante: “Hay que hacerle un paro tajante que salga por todos los canales de televisión y redes sociales”. En la misma línea, Miguel Toribio sentenció: “Hacerle un paro y punto, no se hable más. Hacerle saber a ellos que Recursos Humanos no está haciendo las cosas bien”. Estas reacciones reflejan una voluntad de movilización para exigir que se respeten los derechos de la comunidad local.

Las historias personales pusieron un rostro humano al problema. Katerina Cabrera Valdez lamentó: “Ahí está mi currículum, que tiene casi cinco meses, y ni llaman a uno ni nada”. Similar fue la experiencia de Eliezer Valdez Guzmán: “A mí quedó de llamarme y nunca lo hizo. Solo dijo: ‘usted está bien preparada para el puesto’. Luego supe que se lo dieron a una de Montecristi”. Estas vivencias personales, compartidas públicamente, transformaron una estadística de desempleo en una narrativa colectiva de exclusión y promesas incumplidas.

Lo que dice el papel: las promesas del Estudio de Impacto Social

Irónicamente, la exclusión laboral que denuncia la comunidad de Pepillo Salcedo contradice directamente los lineamientos establecidos en el propio documento que rige el proyecto. El Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Programa DR-L1141, financiado por el BID, identifica en su sección A.2.01 la “Movilización de trabajadores” como una acción de alta relevancia y un “vector de impacto” fundamental, reconociendo explícitamente la creación de empleos y los ingresos correspondientes como un beneficio social clave de la obra.

El documento es inequívoco en su mandato de contratación local. Aunque admite que una parte de la fuerza laboral deberá ser especializada y no será reclutada en la zona, establece textualmente que “parte de la mano de obra predominantemente no calificada necesaria debe ser reclutada en Pepillo Salcedo y en otros centros urbanos cercanos, como Monte Cristi, Copey y Dajabón”. Esta directriz, lejos de ser una sugerencia, se presenta como una política fundamental para la gestión del impacto social del proyecto en su entorno inmediato.

Además, el EIAS subraya la importancia de la participación comunitaria en su “Mapeo y Análisis de las Partes Interesadas”. Dicho análisis identifica explícitamente a la “Población de Pepillo Salcedo” y a los “Trabajadores de construcción contratados localmente” como grupos de interés que deben ser considerados y que se verán directamente impactados por el proyecto. Ignorar a estos grupos en los procesos de contratación no solo es una falta de ética, sino que contraviene la metodología de gestión social que el propio estudio exige implementar.

El incumplimiento se extiende también a la comunicación. La sección 5.3.1.1 del estudio obliga al MOPC y al contratista a “desarrollar canales de comunicación con la población local y garantizar que se brinde información sobre temas clave”. Entre los temas a divulgar, el documento cita de forma expresa las “prácticas de contratación y oportunidades de empleo”. Sin embargo, los residentes afirman que esta divulgación ha sido nula, lo que ha generado un vacío de información que ha sido llenado por la desconfianza y la frustración.

La ley ignorada: uso de suelo y la obligación tributaria municipal

Más allá de la controversia laboral, la denuncia sobre la evasión del pago de arbitrios por uso de suelo apunta a una grave falta legal. La legislación dominicana, específicamente la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, otorga a los ayuntamientos la potestad de establecer y cobrar tasas por la ocupación y el uso del suelo dentro de su jurisdicción. Estos arbitrios constituyen una de las principales fuentes de ingresos propios para los gobiernos locales, siendo fundamentales para su autonomía y operatividad.

Esta obligación tributaria no es discrecional ni depende de la envergadura del proyecto. Cualquier entidad, ya sea pública o privada, que desarrolle una actividad constructiva o industrial en terrenos municipales está legalmente sujeta al pago de estas tasas. El objetivo de este marco legal es asegurar que el municipio reciba una compensación justa por el desgaste que la actividad genera en su infraestructura y por los servicios públicos que debe proveer, como la gestión de residuos o el mantenimiento de vías de acceso.

El presunto impago por parte del contratista del puerto no solo representa una pérdida financiera directa para el Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, sino que socava su capacidad para hacer frente a las nuevas demandas generadas por la propia obra. Los fondos que deberían recaudarse por este concepto son precisamente los que permitirían al municipio reforzar los servicios que se ven presionados por la actividad del proyecto, creando un círculo vicioso en el que la comunidad sufre el impacto sin recibir los recursos para gestionarlo.

En última instancia, esta omisión fiscal trasciende lo económico y se convierte en un acto de desconocimiento de la autoridad municipal y del marco jurídico que la sustenta. Refuerza la percepción de la comunidad de que las grandes corporaciones y los proyectos de envergadura nacional pueden operar en una especie de limbo legal, al margen de sus responsabilidades con el entorno local. Esta conducta erosiona la legitimidad de las instituciones y alimenta un clima de indefensión y profundo malestar social.