El hackeo de una cuenta de WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, una práctica cada vez más común y que actualmente representa un desafío para las autoridades, será castigado con penas de hasta 20 años de prisión o más bajo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigencia el 3 de agosto del año 2026.
Así lo advirtió el abogado Amadeo Peralta, quien exhortó a la ciudadanía a familiarizarse con la nueva pieza legislativa. «De las cosas buenas del nuevo Código Penal es que viene a cambiar totalmente el mensaje y la lucha contra la ciberdelincuencia. Cosas que hoy no son delitos, mañana tendrán penas de hasta 20 años de prisión», afirmó Peralta.
El jurista explicó que el nuevo código tipifica de manera clara el delito de robo de identidad. Según el artículo 188, cualquier persona que, a través de medios electrónicos, utilice una identidad ajena o impida el acceso a su propietario a sus cuentas digitales, será sancionada con una pena de cinco a diez años de prisión y una multa de diez a veinte salarios mínimos.
«El hackeo del WhatsApp se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Por ello, el Congreso Nacional vio la necesidad de enviar un mensaje disuasivo y contundente a los ciberdelincuentes», señaló el abogado.
Acumulación de penas podría elevar la condena a 40 años
Una de las «novedades» más significativas que trae el código es el cúmulo de penas. Peralta advirtió que si durante la comisión del robo de identidad se demuestran otros delitos concurrentes, como asociación de malhechores o lavado de activos, las penas podrían sumarse y superar fácilmente los 20 años, llegando incluso a 40 años de prisión por hackear un número de WhatsApp o un correo electrónico.
La ley es específica en lo que considera información de identificación personal, incluyendo:
Nombre, domicilio y número de teléfono.
Cédula de identidad, pasaporte o licencia.
Correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.
Números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
Además, el párrafo IV del artículo 188 establece un castigo aún más severo para los funcionarios públicos que faciliten este delito, con penas de diez a veinte años de prisión mayor y multas de veinte a treinta salarios mínimos.
Esta nueva legislación contrasta con la actual Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuyas penas son considerablemente menores.
Peralta concluyó con una advertencia directa a los hackers: «Que vayan abandonando esa práctica, porque aún estando presos se les podrá instrumentar otro expediente nuevo con más gravedad que por el que ya están presos».
