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La procuradora general de Corte de Apelación en Montecristi, Hosanna Isis Lemoine Fernández, declaró un patrimonio que supera los 92 millones de dólares (equivalente a más de 6,000 millones de pesos dominicanos), según una investigación de la plataforma de transparencia Ojo Cívico. La totalidad de esta fortuna está concentrada en un único inmueble registrado en su más reciente declaración jurada de bienes.
El hallazgo genera serias interrogantes, dado que la funcionaria del sistema judicial percibe un salario mensual de RD$204,000 en la Procuraduría General de la República y no reporta otros bienes, deudas o ingresos adicionales que puedan justificar la magnitud de la cifra consignada.
Aunque el extraordinario valor declarado podría atribuirse a un error al completar el formulario, el caso ha puesto de manifiesto lo que Ojo Cívico describe como «graves deficiencias» en los procesos de auditoría y validación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, órgano constitucionalmente responsable de fiscalizar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Indica El Testigo que la información, accesible para cualquier ciudadano a través de la plataforma de datos abiertos, ha reavivado el debate sobre la efectividad de los mecanismos de control del Estado. Expertos y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización para garantizar que la información reportada por los funcionarios no solo sea presentada, sino también exacta, verificable y transparente, como un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción.
José Peguero 
Amaury Mo 
