Amaury Mo 
Trabajar sin jefes, oficinas ni horarios fijos. Para muchos, este concepto de la «gig economy» o economía de plataformas suena a un sueño hecho realidad. Plataformas como Uber, Fiver o Rappi han popularizado un modelo laboral que promete total flexibilidad. Sin embargo, detrás de la promesa de ser «tu propio jefe» se esconde un debate sobre la precarización del trabajo y la falta de derechos para los trabajadores.
Este modelo laboral se basa en trabajos esporádicos conectados a través de aplicaciones digitales. Las personas que trabajan en estas plataformas cobran por sus servicios de forma independiente, lo que les permite tener un control sobre su tiempo. Para algunos, esta flexibilidad es un salvavidas, ya sea para ganar un dinero extra, adquirir experiencia, o compaginar el trabajo con estudios u otras responsabilidades. Sin embargo, para muchos otros, es la única opción disponible para subsistir.
Orígenes y crecimiento global
La «gig economy» surgió en Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008, cuando millones de personas perdieron sus empleos y buscaron ingresos alternativos. La idea de Silicon Valley fue simple: conectar a personas dispuestas a trabajar con quienes necesitaban un servicio, sin las responsabilidades de un empleador tradicional. Así nacieron aplicaciones como Uber, Task Rabbit y Airbnb, aprovechando el creciente uso de los smartphones y la alta tasa de desempleo.
Según el Banco Mundial, se estima que hasta 435 millones de personas en todo el mundo podrían estar trabajando en plataformas digitales, aunque no todas viven de ello. En América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de 47 millones de personas participan en este modelo. La OIT clasifica este tipo de economía en dos grandes grupos:
- Plataformas basadas en la web: Ofrecen trabajos remotos como diseño, programación, microtareas o traducciones. Suelen ser utilizados por personas con un mayor nivel educativo.
- Plataformas basadas en la ubicación: Incluyen servicios como transporte, entrega de comida (Uber, Rappi, Glovo) o limpieza. El trabajo se asigna según la ubicación física del trabajador.
Ambas modalidades comparten una característica común: el trabajo es fragmentado, temporal e inestable.
El costo de la flexibilidad: falta de derechos
La flexibilidad que ofrecen estas plataformas tiene un costo significativo para los trabajadores. La promesa de ser «tu propio jefe» se desvanece ante la ausencia de derechos laborales básicos como vacaciones, seguro médico, seguridad social y estabilidad laboral. Además, muchos trabajadores no son dueños de sus herramientas de trabajo (moto, auto o bicicleta), lo que reduce sus ingresos reales y aumenta su vulnerabilidad.
El pago por hora es a menudo bajo. Según la OIT, el promedio de pago para un trabajador de plataforma en la región es de poco más de 8 dólares por hora, una cifra que disminuye a menos de 5.50 dólares si se considera el tiempo dedicado a la búsqueda de servicios y tareas administrativas. Además, más del 40 % de estos trabajadores en América Latina no están cubiertos por la seguridad social.
Otro desafío es la falta de un marco legal claro, especialmente en los trabajos que trascienden fronteras. Nueve de cada diez freelancers latinoamericanos que trabajan en plataformas web lo hacen para empresas fuera de la región, lo que genera incertidumbre sobre qué leyes aplican y quién los protege.
¿Se puede regular sin perder la flexibilidad?
La «gig economy» ha llegado para quedarse, y varios países están buscando soluciones para regular este modelo laboral.
- Estados Unidos (California): La Ley AB5 buscó obligar a las plataformas a tratar a sus conductores como empleados formales. Sin embargo, las empresas impulsaron la Proposición 22, que fue aprobada en un referéndum y creó una figura intermedia: contratistas independientes con beneficios limitados.
- España: El gobierno aprobó la Ley Rider en 2021, que obligó a las plataformas a dar a sus repartidores un contrato formal. Como resultado, algunas empresas abandonaron el país y otras redujeron sus plantillas, lo que provocó una caída en los salarios.
- México y Chile: Estos países han aprobado reformas para proteger a los trabajadores de plataformas, garantizando contratos, seguridad social y derechos laborales, aunque con algunas condiciones que aún se debaten.
El desafío es enorme: ¿cómo ajustar las regulaciones para proteger a los trabajadores sin eliminar la flexibilidad que tanto valoran? La discusión no es solo sobre una definición legal (trabajador independiente vs. dependiente), sino sobre cómo garantizar un trabajo digno en un modelo que ha demostrado ser una puerta de entrada para jóvenes y migrantes, pero que, a la vez, ha profundizado la informalidad laboral en la región.
José Rafael Sosa 
Ensegundos.do 
José Peguero