
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida de coerción para una pareja acusada de causar la muerte de una niña de 7 años en el sector de Los Guandules, en un suceso ocurrido el pasado fin de semana.
La Fiscalía del Distrito Nacional imputa a Yokeiry Coronado De La Cruz y a su pareja sentimental, Jeider Montero Medina, cargos de homicidio, actos de tortura y barbarie, y maltrato contra menores de edad.
Según el expediente presentado por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, la investigación establece que la menor se encontraba bajo el cuidado de la pareja, quienes habrían incumplido con su deber de protección, lo que culminó con el fallecimiento de la infante el sábado 16 de agosto.
El Ministerio Público sostiene que durante los meses de julio y agosto, la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz cometió actos de maltrato directo contra la niña. Por su parte, Jeider Montero Medina es señalado por tener conocimiento de la situación y no denunciarla, contribuyendo así al fatal desenlace.
La solicitud detalla que el pasado sábado, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, Coronado De La Cruz contactó a familiares para informar que la niña estaba sufriendo convulsiones en su residencia de la calle Respaldo Eugenio Perdomo. Al llegar, una familiar llamó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 al encontrar a la niña inconsciente.
Poco después, un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó la muerte. El Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959 establece como causa de muerte un cuadro de maltrato reiterado.
Las autoridades procedieron al arresto de la mujer luego de que su versión de los hechos no coincidiera con los hallazgos forenses. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Montero Medina por su presunta complicidad y la violación del deber de cuidado y protección que compartía sobre la víctima.
La pareja enfrenta cargos por violación de los artículos 295, 303, 303-1 y 304 (párrafo II) del Código Penal Dominicano, así como los artículos 396 (literales a y b) y 397 de la Ley 136-03 sobre la protección de niños, niñas y adolescentes.
Se espera que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fije en las próximas horas la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción.