Santo Domingo.La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra una pareja, imputada por la muerte de una niña de 7 años que se encontraba bajo su cuidado en el sector Los Guandules.
La jueza Fátima Veloz acogió la solicitud del Ministerio Público y envió a Yokeiry Coronado De La Cruz al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres y a su pareja, Jeider Montero Medina, a Najayo Hombres, en San Cristóbal. Ambos son procesados por cargos preliminares de actos de tortura y barbarie, maltrato contra menores de edad y homicidio.
Los Hechos
Según el expediente presentado por la fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, el trágico desenlace ocurrió el pasado sábado 16 de agosto, pero fue el resultado de un patrón de maltrato que tuvo lugar durante los meses de julio y agosto. La investigación sostiene que la imputada Yokeiry Coronado maltrataba a la niña, mientras que su pareja, Jeider Montero Medina, tenía conocimiento de la situación y no actuó para proteger a la víctima ni denunció los hechos.
El día del fallecimiento, alrededor de las 6:30 de la tarde, Coronado De La Cruz llamó a sus familiares alegando que la niña estaba sufriendo convulsiones. Al llegar a la residencia, los parientes contactaron al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.
Posteriormente, un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó la muerte y, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver, estableció que la causa estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado.
Arresto y Cargos
Las autoridades procedieron al arresto de la pareja después de que la versión ofrecida por Yokeiry Coronado sobre la muerte de la niña no coincidiera con los hallazgos forenses. Su pareja fue detenido en virtud del incumplimiento de su deber de cuidado y protección sobre la víctima.
El Ministerio Público les imputa la violación de los artículos 295, 303, y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 396 y 397 de la Ley 136-03, sobre la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
La jueza Veloz fijó la revisión obligatoria de la medida de coerción para el próximo 20 de noviembre.
