Amaury Mo 
República Dominicana se encuentra en una situación crítica. Con apagones que han desatado protestas a nivel nacional, la inestabilidad política amenaza la gobernabilidad del país. En el centro de esta crisis se encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, considerada la única esperanza para aliviar la crisis energética, pero que, según el experto Enrique de León, representa una verdadera estafa y un riesgo inminente.
Enrique de León, representante del colectivo RD 100% Renovable, denuncia que el gobierno del presidente Luis Abinader, a pesar de conocer los problemas, tomó la «decisión política equivocada» de aceptar Punta Catalina. Una auditoría técnica forense, realizada y publicada en 2023, reveló que la planta, por la que el Estado pagó un precio de alta gama, presenta 51 tipos de fallas técnicas y estructurales. Entre las más graves, se destaca que el 20% de las soldaduras en la caldera está mal hecho, además de vicios de construcción en áreas vitales como el sistema de lubricación y las válvulas.
De León critica duramente al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, calificándolo de «hipócrita» y «mentiroso» por negar las fallas a pesar de la evidencia pública. Además, señala que Marranzini ha contratado de forma «ilegal» a los mismos responsables de las fallas, Odebrecht y Tenimont, para repararlas, un acto que califica como «cínico y sinvergüenza».
Peligro inminente: El riesgo de una explosión
Según Enrique de León, la situación es tan delicada que la central podría enfrentar un desastre. La reciente falla de la unidad número dos, que provocó la explosión de 12 tubos, evidencia la fragilidad de la planta. El reporte oficial indicó que el «hogar» de la caldera se rajó, lo que, según De León, significa que la estructura de concreto se rompió debido a la alta temperatura. «Si no hubieran abierto las válvulas a tiempo, probablemente hubiera explotado», advierte, basándose en la auditoría que señala que los sistemas de alerta temprana no funcionan, lo que incrementa el riesgo de accidentes trágicos para los trabajadores y el entorno.
La auditoría forense concluye que la planta no es confiable porque el 55% de sus fallas tienen una probabilidad «medio alta» de ocurrir, y el 64.7% de esas fallas tendrían un impacto «medio alto». Esta inestabilidad es visible en el historial de la planta, que «entra y sale» de operación desde 2018, a diferencia de otras centrales que se detienen para mantenimientos programados.
El fracaso de una estrategia equivocada
De León argumenta que la crisis se debe a una estrategia política fallida. En 2014, un estudio del Watswood Institute de Washington y el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania ya había propuesto que la solución no era una planta de carbón, sino las energías renovables. Sin embargo, la administración de Danilo Medina ignoró la recomendación para construir Punta Catalina con Odebrecht y financiar su reelección.
La actual administración de Abinader, a pesar de las fallas de la planta, apostó por ella mientras esperaba un suministro de gas natural de Estados Unidos para nuevas plantas construidas en Manzanillo. Sin embargo, la guerra en Ucrania y los acuerdos con Europa han dejado al país sin un suministro seguro y estable.
De León propone un plan alternativo que el gobierno no quiso implementar:
Revisar los contratos de energía renovable que, a pesar de ser limpios, se pagan a precios excesivamente altos, de 12 centavos el kilovatio/hora, cuando el precio internacional es de 3 o 4 centavos.
Forrar los techos del país con paneles solares, especialmente en edificaciones públicas.
«Jubilar» a Punta Catalina anticipadamente y vender los bonos de carbono en el mercado de Estados Unidos, una opción que fue aceptada por John Kerry, pero ignorada por el gobierno dominicano.
Secuestro por la «mafia eléctrica»
De León concluye que el país está «secuestrado por la mafia» del sector eléctrico. Acusa a los generadores de electricidad, con Marranzini a la cabeza, de beneficiarse del subsidio eléctrico de más de 2,000 millones de dólares. Afirma que el gobierno ha contratado a empresas con antecedentes de estafa en Puerto Rico para manejar proyectos clave, lo que demuestra la falta de transparencia.
Ante este panorama, de León sostiene que no se necesita un «Bukele» o un «Trujillo», sino voluntad política para «ponerse los pantalones» y cumplir con las leyes. El incumplimiento de la Constitución y las leyes de medio ambiente ha llevado a su organización, junto a otros colectivos, a someter al presidente y su gabinete ante el Tribunal Superior Administrativo por no cumplir los compromisos sobre el cambio climático, un recurso de amparo que se conocerá el 26 de agosto.
La situación actual, marcada por un déficit energético y un desgobierno que afecta la estabilidad del país, hace que Enrique de León afirme que «nos esperan días de mucha oscuridad», ya que el futuro no será mejor si no hay un cambio de rumbo urgente y radical.
Ensegundos.do 
José Peguero 
