
El juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y los demás implicados en un presunto desfalco millonario contra el Estado, fue aplazado por cuarta ocasión. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuyó la suspensión a «claras tácticas dilatorias» empleadas por las defensas para impedir el avance del proceso.
La titular de la Pepca, la procuradora de corte Mirna Ortiz, aseguró que el Ministerio Público se encontraba preparado para iniciar con la presentación de la acusación, pero que fueron los abogados de los imputados quienes solicitaron el aplazamiento.
“En el día de hoy, como siempre, el Ministerio Público estaba listo. Han sido las defensas quienes han demandado la suspensión, alegando desconocer el auto de apertura a juicio ordenado por la Corte de Apelación, que incorpora nuevamente al imputado Juan Azael Martínez al proceso”, explicó Ortiz a la salida del tribunal.
La magistrada refutó este argumento, aclarando que dicho auto se fundamenta en los mismos hechos y pruebas contenidos en la acusación original, por lo que no introduce elementos nuevos que justifiquen una demora.
«Más que un alegado derecho de defensa, lo que existe es una clara táctica dilatoria para impedir el avance del proceso», manifestó Ortiz enfáticamente, tras informar que el Ministerio Público solicitó sin éxito a las juezas rechazar la suspensión.
Las magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fijaron la nueva fecha para el próximo 22 de septiembre. “Reiteramos: estuvimos listos, estamos listos y estaremos listos para el 22 de septiembre, fecha en que confiamos en que se dé inicio a este juicio”, puntualizó la titular de la Pepca.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez (2016-2020) y los coimputados enfrentan graves cargos por soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Según el expediente del Ministerio Público, la presunta red de corrupción malversó más de RD$6,000 millones de los fondos de la Procuraduría General de la República a través de procesos fraudulentos.
El envío a juicio del caso fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez. La compleja acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas.
Entre los principales implicados, además de Rodríguez, se encuentran Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Moya, entre otros.