
Santo Domingo – En una fase decisiva del juicio por el caso «Operación Gavilán», la Dirección General de Persecución del Ministerio Público ha solicitado al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la imposición de penas de hasta 10 años de prisión para los miembros de la red criminal acusada de borrar y alterar masivamente los registros de antecedentes penales de la base de datos oficial a cambio de sobornos.
Durante la audiencia, el órgano acusador, representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, detalló cómo la estructura delictiva benefició a cientos de personas, incluyendo sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, agresores de género, e incluso a individuos condenados a 30 años de prisión, limpiando su historial delictivo y permitiéndoles evadir la justicia.
Los fiscales argumentaron que los acusados también utilizaron a familiares y allegados para movilizar el dinero ilícito obtenido, adquiriendo bienes y servicios. Con un robusto cúmulo de pruebas digitales, testimoniales, documentales y periciales, el Ministerio Público afirmó haber acreditado «sin lugar a dudas» la responsabilidad penal de cada imputado.
Penas Solicitadas
Las solicitudes de condena varían según el grado de participación en la trama:
- 10 años de prisión y multa de 100 salarios mínimos para Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, Dilcia Argentina Núñez Santos, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina y Luis Peña Cedeño. Para este último, se pidió además una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos.
- Para los acusados que admitieron los hechos tras llegar a acuerdos con el Ministerio Público, se solicitaron penas en modalidad mixta (prisión domiciliaria y suspendida), entre ellas:
- Mártires Rosario Reyes: Siete años de prisión (3.5 domiciliaria y 3.5 suspendida) y multa de cinco salarios mínimos.
- Alfredo Mirambeaux: Ocho años de prisión (6 domiciliaria y 2 suspendida) y multa de cinco salarios mínimos.
- Rubén Darío Morbán: Seis años de prisión (3 domiciliaria y 3 suspendida) y multa de cinco salarios mínimos.
- Luis Alfredo Astacio Polanco: Seis años de prisión (3 domiciliaria y 3 suspendida) y multa de cinco salarios mínimos.
- Domingo Julio Santana: Cinco años de prisión (2.5 domiciliaria y 2.5 suspendida).
Cargos y Medidas Adicionales
El Ministerio Público solicitó la disolución definitiva de la empresa Nexcon Tecnology, utilizada en la trama delictiva, en virtud de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Asimismo, se pidió el decomiso de todas las evidencias materiales del delito.
Para las acusadas Jancely Estala Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, se requirió la aplicación de un criterio de oportunidad, dada la complejidad del caso y su naturaleza de criminalidad organizada.
Los implicados enfrentan una larga lista de cargos por violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 631-16 sobre Control de Armas y la Ley 448-06 sobre Soborno.
El tribunal, presidido por las juezas Keyla Pérez Santana y Arisleyda Santana, junto al juez Elías Santini, se ha reservado el fallo y anunciará su decisión este jueves 28 de agosto a las 9:00 de la mañana, poniendo fin a uno de los casos de corrupción más significativos dentro del sistema de justicia dominicano.