Multas de tránsito fantasmas ponen a dominicanos en jaque

Dos ciudadanas, identificadas con los nombres ficticios de Cristal Martínez y Tamara Encarnación, han denunciado públicamente que aparecen registradas con multas de tránsito que aseguran no haber cometido. La Digesett (Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre) anunció que colaborará con el Ministerio Público para esclarecer estas situaciones.

Casos denunciados

• Cristal Martínez fue sorprendida al solicitar una certificación de no antecedentes penales para tramitar su carnet de aprendizaje. Le notificaron que tenía dos multas por infracciones: una por estacionar en lugar prohibido y otra por no portar licencia o tenerla vencida. Estas multas sumaban unos 2,000 pesos. Sin embargo, Cristal afirma que nunca ha conducido ni tenido vehículo ni licencia, lo cual fue verificado por el Intrant (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre).

  Según los registros, las sanciones fueron impuestas el 28 de julio de 2025 a las 3:26 p.m., cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), por un agente identificado como Fernández.

• Tamara Encarnación, por su parte, descubrió que figura con una deuda de 3,334 pesos por supuestamente violar la luz roja del semáforo en dos ocasiones en el año 2012. Esta situación salió a la luz cuando le negaron una certificación de buena conducta. Sin embargo, al acudir al tribunal de tránsito, se le ofreció la posibilidad de exonerar ambas multas, pues estaban consideradas como caducadas en el sistema.

¿Qué dice la ley sobre la caducidad de multas?

De acuerdo con la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial, las multas:

• Prescriben a los 12 meses si no se paga.
• Se consideran caducadas al pasar dos años, conforme al artículo 45 del Código Procesal Penal, lo que imposibilita cualquier sanción ulterior.

En el caso de Tamara, bastó con solicitar la anulación de las infracciones, un trámite que dura aproximadamente cinco días laborables en tribunales.

Para Cristal, por otro lado, si ya han pasado los 30 días posteriores a la fiscalización, la única vía que le queda es pagar la multa en caso de querer realizar ciertos trámites que requieren no tener pendientes multas de tránsito.

Estadísticas y contexto

En el primer semestre de 2025, la Digesett registró 1,158,100 infracciones en todo el país, según su reporte más reciente, actualizado al 8 de julio de 2025.

Este tipo de denuncias no son nuevas: ya en 2015 se identificaron irregularidades vinculadas a agentes que registraban infracciones sin justificación válida, práctica que se remontaba al 2012. Tras una investigación, varios oficiales fueron sancionados o cesados.

Respuesta de las autoridades

El vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejada Baldera, informó que se abrirá una investigación conjunta con el Ministerio Público para esclarecer el origen de las sanciones que ambas mujeres rechazan. En particular, buscarán saber por qué aparecen fiscalizaciones en casos donde la persona alega no tener ni licencia, ni vehículo, ni vínculo con la placa registrada.

Asimismo, el coronel afirmó que, según los protocolos institucionales, todo agente debe tener contacto con el conductor al levantar una multa, salvo excepciones como autos mal estacionados sin conductor presente. En caso de hallarse irregularidades, el agente podría incluso ser cancelado del cuerpo.

Cristal, por su parte, declaró que el problema no es económico, sino una cuestión de justicia. Denunció que ha gastado más en taxis para resolver esta situación que lo que cuestan las multas, y afirma no estar dispuesta a pagar algo que no cometió, advirtiendo que lo que se vive parece una «mafia». Relató además que ha sido enviada de un sitio a otro, incluso hasta Santo Domingo Este, pues las multas están vinculadas al área del aeropuerto. Mencionó que la matrícula dice pertenecer a una yipeta BMW, de la cual desconoce al supuesto propietario registrado en el sistema.

Conclusión

Este caso evidencia posibles fallas graves en el sistema de registro de infracciones de tránsito en República Dominicana, afectando la reputación y derechos de ciudadanos que aseguran no haber cometido las faltas. La investigación anunciada por la Digesett, en conjunto con el Ministerio Público, será determinante para esclarecer si se trata de errores, abusos o conductas ilegales, y establecer responsabilidades. Al mismo tiempo, este episodio subraya la importancia de agilizar la atención al ciudadano y garantizar transparencia en los procesos de tránsito.