Como resultado de una línea de investigación en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo de criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado.
El acuerdo, presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue valorado por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la PEPCA. Ambos funcionarios indicaron que esta decisión refuerza los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción y la impunidad, impulsada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
Detalles del acuerdo
El acuerdo establece que Montilla Sierra pagará una indemnización de RD$600 millones a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, para resarcir los perjuicios causados por sus acciones.
Además, Montilla Sierra deberá disolver, en un plazo de dos años, las empresas:
- Transformadores Solomon Dominicana, SAS
- Electrocable Aluconsa, SAS
- NSD, Importaciones Diversas, SRL
- Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL
- Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL
- Importadora Eaglerise, SRL
- TLC Negocios Globales, SRL
- Watmax Iluminación, SRL
- Herrajes Eléctricos RPC, SRL
- MG Solomon Corporation
También, pagará a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90. El acuerdo también autoriza el decomiso de un terreno en el Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Acusaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público establece que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez, utilizó sus empresas para participar de manera fraudulenta en procesos de contratación pública, violando las normativas y logrando adjudicaciones ilícitas en perjuicio del patrimonio público.
Según el documento, Montilla gozó de privilegios y acceso a información privilegiada, lo que le permitió incurrir en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico, manipular los plazos de entrega y estafar al Estado. El Ministerio Público señala que se realizaron pagos de sobornos a funcionarios para obtener ventajas en los procesos y agilizar desembolsos.
El acuerdo fue homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Las empresas distribuidoras de electricidad estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, mientras que Montilla Sierra y sus empresas fueron asistidos por los abogados Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
