ADOCCO cuestiona legalidad de declaración de emergencia para compras del sector eléctrico

Santo Domingo.La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha levantado serias objeciones sobre la legalidad del Decreto No. 517-25, emitido por el Poder Ejecutivo, que declara «emergencia nacional» para todas las compras y contrataciones relacionadas con el sector eléctrico. Según la organización, la medida es inconstitucional y viola la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Según Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, el decreto es improcedente porque el problema del sector eléctrico no cumple con los requisitos para una declaración de emergencia. De la Rosa Tiburcio argumenta que la situación actual no es el resultado de un desastre natural o un evento imprevisto, sino de una «falta de planificación» e «improvisación» que se ha extendido a lo largo del tiempo.

«La contratación por emergencia nacional debe resolver un acontecimiento cierto, evidente y concreto que sobresale… El problema del sector eléctrico es el resultado de la falta de planificación, lo que significa que ha transcurrido tiempo suficiente para solucionarlo», afirmó De la Rosa Tiburcio, citando el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

El manual establece que la contratación por emergencia debe ser para lo «estrictamente necesario» y no aplica para «necesidades extendidas en el tiempo», como las que se han presentado en el sector eléctrico. La organización destaca que, en vez de usar un procedimiento de excepción, el gobierno debió haber organizado un proceso competitivo ordinario para abordar el problema.

ADOCCO sostiene que el decreto contraviene el Artículo 265 de la Constitución, que delimita claramente los casos en los que se puede declarar un Estado de Emergencia a situaciones que perturben «en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental» o que constituyan una «calamidad pública».

Además, la organización señala que el decreto viola el Artículo 6 de la Ley 340-06, que permite la exclusión de ciertos procesos de compra solo por razones de «seguridad o emergencia nacional» que afecten directamente «el interés público, vidas o la economía del país», siempre y cuando sea debidamente justificado. ADOCCO considera que el gobierno no ha cumplido con esta justificación, basando su decisión en excusas como los efectos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania, eventos que ocurrieron hace años.

De la Rosa Tiburcio concluyó que el gobierno ha tenido «oportunidades para enfrentar el déficit cumpliendo con las disposiciones legales» y no debió recurrir a una medida de excepción que considera «penosa» y sin sustento.