Amaury Mo 
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su preocupación ante la crisis persistente del sector eléctrico nacional. Desde agosto hasta la fecha, el país ha sufrido apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un verdadero infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas.
A pesar de inversiones superiores a RD\$2,000 millones en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de 2025, la realidad refleja un deterioro estructural persistente. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de RD\$62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra que representa alrededor del 60% de los subsidios estatales ejecutados en este período. Esta proporción supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales.
A pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025, lo que significa que por cada RD\$100 invertidos, cerca de RD\$38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.
Una crisis estructural que ningún gobierno ha resuelto
El sector eléctrico enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero. A septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. Aunque para agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema.
Preocupa especialmente la existencia de mafias conformadas por funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para tales fines, que han sustraído miles de millones de pesos y dólares, sometiendo al país a apagones prolongados y a pérdidas económicas significativas.
La persistencia cíclica de la crisis se debe, además, a:
- Los fraudes en el consumo por parte de algunos ciudadanos y sectores poderosos.
- La incapacidad de facturar correctamente la energía suministrada.
- Fallas graves en los sistemas de control interno, gobernanza y transparencia de las empresas distribuidoras (EDES).
Entre enero y mayo de 2025, las EDES registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico. En este contexto, Participación Ciudadana advierte que el Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales. La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no van acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido terreno fértil para el despilfarro y la corrupción. Por ello, se exhorta al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que esta disposición no se convierta en un canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.
Demandas urgentes de Participación Ciudadana
Participación Ciudadana solicita al Gobierno adoptar medidas concretas, entre las que destacan:
- Transparentar a las EDES: Publicar mensualmente informes de ejecución, indicadores operativos y estados financieros.
- Despolitizar el sector eléctrico: Evitar el uso del sector como refugio para la corrupción, el sobreempleo político y el tráfico de influencias.
- Auditorías independientes: Realizar revisiones externas a contratos de compra de energía, gestión de pérdidas, inversiones en EDES y fraudes detectados, como el caso de EDEESTE.
- Revisión de subsidios: Redefinir la política de subsidios, priorizando esquemas focalizados como Bono Luz mediante el SIUBEN, para que los recursos lleguen a los hogares vulnerables.
- Plan de reducción de pérdidas: Establecer metas anuales con monitoreo multisectorial, garantizando que las inversiones en generación y distribución tengan resultados verificables.
- Lucha contra el fraude: Intensificar campañas de regularización, incorporar tecnología de medición avanzada, aplicar sanciones efectivas y llevar a la justicia a los responsables de fraude eléctrico.
Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la vigilancia cívica, la defensa del uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad.
AFP 
