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Un tribunal de Valverde impuso tres meses de prisión preventiva a Máximo Mendoza, un hombre acusado de falsificar y usar documentos públicos para registrar varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). La jueza Yiberty Polanco Herrán también declaró el caso de tramitación compleja y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para completar la investigación.
Según la acusación, Mendoza usaba información falsa para declarar la muerte de personas con las que tenía supuestas deudas económicas. Se han identificado seis víctimas, cinco de las cuales fueron registradas como fallecidas tanto en el Ministerio de Salud como en la JCE.
Modus operandi y colaboración con médicos
El Ministerio Público, representado por los fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía, presentó evidencias que detallan el modus operandi del imputado. Mendoza solicitaba a médicos pasantes y sin exequátur que llenaran los registros de defunción en distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza. Para evitar sospechas, se presentaba fingiendo ser un familiar cercano de las víctimas, como primo, tío o esposo, y llegaba a simular estados de aflicción emocional.
La investigación ha revelado que las víctimas, en su mayoría personas en condiciones de vulnerabilidad económica, utilizaban los beneficios de programas de asistencia social como respaldo para negociar préstamos personales con el imputado. Mendoza les ofrecía sumas de entre cinco mil y quince mil pesos, y retenía sus tarjetas de asistencia social para asegurar el cobro. En los casos de impago, recurría a la maniobra de registrar su muerte.
Máximo Mendoza cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao. El caso cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
José Peguero 
AFP 
