Querellantes del caso Calamar desisten de acciones contra Donald Guerrero y exigen pago pendiente

Santo Domingo. Los abogados que representan a la familia Reyes y a otros querellantes en el caso Calamar han desistido de sus acciones contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Durante una vista celebrada este jueves, los abogados argumentaron ante el tribunal que las actuaciones del exministro se ajustaron a la legalidad y cumplieron con mandatos judiciales.

El abogado Patricio Mañón explicó que, tras analizar la acusación del Ministerio Público, su equipo determinó que las pretensiones de la Procuraduría no se alinean con los intereses de sus clientes. Mañón señaló que el Ministerio Público busca el decomiso de las parcelas en disputa, una medida que solo beneficiaría al Estado y dejaría sin compensación a las familias.

Según Mañón, el Estado ya ha pagado una parte significativa de lo ordenado por sentencias firmes, pero el  20% restante sigue pendiente debido a la oposición del entonces procurador Wilson Camacho. “No nos vamos a adherir a esas pretensiones. Nuestros clientes llevan décadas esperando el pago de lo que les corresponde, y el Ministerio Público insiste en un camino que no les favorece”, declaró.

El abogado  Julio César Ventura reforzó este argumento, advirtiendo que la apropiación de bienes privados sin la debida compensación a sus propietarios socava la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Ventura hizo un llamado al tribunal para que ordene al Ministerio de Hacienda la liberación de los fondos pendientes, citando el  artículo 51 de la Constitución, que garantiza el derecho a la propiedad y la compensación en casos de expropiación.

Ventura concluyó que el caso es un tema de justicia y de estabilidad económica, y que las familias afectadas, muchas de las cuales son de avanzada edad y viven en condiciones precarias, merecen recibir lo que por derecho les corresponde. Los abogados también lamentaron que los verdaderos beneficiados del proceso han sido terceras personas que recibieron «miles de millones de pesos» y fueron protegidas con un criterio de oportunidad, mientras que los propietarios legítimos han quedado sin compensación