El Instituto Duartiano, a través de su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez, se pronunció en contra de cualquier acuerdo que surja del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones en la República Dominicana” que contemple la regularización de inmigrantes ilegales, la entrega de permisos de trabajo temporales o la emisión de documentos de identidad a extranjeros al margen de la Constitución y las leyes dominicanas.
En una reunión en su sede, Gómez Ramírez enfatizó que la entidad patriótica respalda la necesidad de que las autoridades apliquen las leyes migratorias y laborales con estricta responsabilidad para fortalecer las instituciones del país.
El presidente del Instituto Duartiano advirtió sobre la importancia de respetar el artículo 3 de la Constitución, que consagra el principio de no intervención en la política internacional. De igual forma, consideró crucial la propuesta del Consejo Económico y Social (CES) de crear un Observatorio Nacional de Migración Laboral. Sin embargo, sugirió que su composición debe incluir a instituciones de la sociedad civil con «vocación patriótica» y no solo a órganos estatales.
Llamado al Presidente Abinader y a los Jueces
Gómez Ramírez hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que enfrente la corrupción fronteriza con determinación y lidere una ofensiva diplomática para destacar los aportes de República Dominicana a Haití. También instó a desmentir las acusaciones internacionales sobre prácticas racistas, discriminatorias y xenofóbicas en el país.
El dirigente duartiano recordó que la Constitución establece la seguridad y el desarrollo de la zona fronteriza como un «supremo y permanente interés nacional». En este sentido, reclamó la legislación para asegurar el cumplimiento de la reserva de ley en la adquisición y transferencia de propiedades en esta área, priorizando el interés dominicano.
Finalmente, el presidente del Instituto Duartiano exhortó a los jueces a mostrar su «compromiso patriótico» aplicando con rigor las leyes contra el tráfico de indocumentados. Les pidió cesar la devolución de vehículos y propiedades que el Ministerio Público incauta en estos operativos, ya que, según él, constituyen cuerpos de delito.
