
En una entrevista exclusiva para el programa «Panorama de la Mañana», el juez de ejecución de la pena de la zona sur, José Manuel Arias, respondió a los cuestionamientos públicos por sus decisiones de otorgar la libertad condicional a José Eduardo Ciprián Lebrón, condenado en el caso del expelotero David Ortiz, y un permiso laboral a Donni Santana, condenado por violación sexual. El juez defendió sus actuaciones, argumentando que se basan en la ley y en los méritos de los internos, y rechazó las acusaciones de corrupción.
Arias inició la conversación afirmando que sus declaraciones son a título personal y no comprometen al Poder Judicial. Con vehemencia, desafió a cualquiera a que demuestre que ha recibido dinero o cualquier tipo de dádiva a cambio de una decisión judicial. «Si alguien puede llamar y decir que a mí me ha dado en mi condición de juez alguna vez por un proceso, no dinero, eso es demasiado, una menta, yo renuncio desde aquí a mi condición de juez», declaró.
El magistrado explicó que su rol como juez de ejecución es velar por las sentencias firmes y garantizar la re-inserción social de los condenados, un principio establecido en la Constitución dominicana y en la nueva resolución del Poder Judicial.
El Caso del Condenado del Caso David Ortiz
Respecto a José Eduardo Ciprián Lebrón, conocido como «Chuckie», Arias detalló que este cumplía con todos los requisitos legales para la libertad condicional. Cumplió 5.5 años de una condena de 10, superando el mínimo de 5 años exigido por la ley. Subrayó que, a pesar de la controversia, la decisión fue apegada a derecho, las víctimas fueron debidamente citadas y no hubo reportes de incumplimiento de su parte. «Nunca dejó de firmar. Comenzó a firmar en diciembre [de 2024] hasta la última que fue el 13 de agosto [de 2025]. Nunca falló», afirmó. El juez también resaltó que el Ministerio Público no recurrió la decisión.
La Defensa de Donni Santana
En cuanto al permiso laboral otorgado a Donni Santana, el juez lo describió como «uno de los mejores internos» que ha conocido. Mencionó que Santana estudió una maestría desde prisión, fue responsable de las labores educativas y tenía una conducta intachable, certificada por la Procuraduría. La Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción del centro penitenciario, compuesta por cinco miembros, aprobó su permiso laboral por unanimidad.
El juez reveló que la única querellante del caso, la tía de la víctima, le dijo que no iría a la audiencia y que por ella «lo puede soltar». Arias también señaló que la propia víctima, ahora mayor de edad, le comunicó vía telefónica que no se oponía al beneficio. Además, el juez mencionó que posee una certificación de un hospital de la Florida que, cuatro años después del hecho, afirma que la víctima está «intacta» y no ha tenido actividad sexual. A pesar de esto y la oposición del Ministerio Público, el juez enfatizó que su decisión es independiente y no se basa en la opinión de otros.
El Rol del Juez de Ejecución y Críticas a la Sociedad
Arias defendió sus decisiones como un reflejo de la aplicación correcta de la ley y el principio de humanización del sistema judicial. Afirmó que otorga la segunda oportunidad a los internos que lo merecen y que no permitirá que el miedo a la crítica mediática influya en sus fallos. «Yo prefiero ser un abogado con dignidad que un juez mequetrefe», sentenció.
Finalmente, el juez explicó que los permisos laborales que otorga incluyen el arresto domiciliario los fines de semana, lo que facilita el seguimiento de los beneficiados por parte de la Dirección para el Medio Libre. Cerró su intervención citando al ex presidente mexicano López Obrador y al doctor José Francisco Peña Gómez, destacando que la calumnia y el odio no manchan la majestad de quien actúa con ética.