El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, ha alzado su voz para reclamar a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la implementación urgente de políticas públicas que garanticen una investigación exhaustiva en todos los casos de muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos.
La demanda surge a raíz de la reciente muerte de cinco jóvenes en Santiago, un caso que, según la entidad, debe servir de precedente para cambiar la impunidad que ha prevalecido históricamente.
Un Patrón de Impunidad
Según Participación Ciudadana, la eliminación de personas bajo el pretexto de un intercambio de disparos no es más que una política pública inconstitucional e ilegal que ha sido aplicada en todos los gobiernos, sin que los responsables rindan cuentas. Esta práctica, según la organización, convierte a los agentes del orden en «juez y ejecutor», aplicando una pena de muerte que no existe en la República Dominicana.
La entidad subraya que estas acciones, lejos de controlar la criminalidad, transforman a los agentes en criminales. La gravedad de la situación se refleja en las estadísticas: de acuerdo con Diario Libre, 170 personas han muerto en estos «intercambios» en lo que va de año, superando en 18 las cifras del mismo período de 2024.
República Dominicana, Líder en Violencia Estatal
El informe Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana, junto a Bolivia, en el primer lugar de violencia desde el Estado, con un alarmante 21%. Este dato contrasta fuertemente con el 4% de Chile, que presenta el mejor promedio, y el promedio latinoamericano del 14%.
Participación Ciudadana destaca que durante muchos años, las investigaciones de estos casos estuvieron en manos de la propia policía, lo que, por «espíritu de cuerpo», impedía una investigación independiente y la divulgación de los resultados. La organización insiste en que las investigaciones deben ser dirigidas por fiscales y los responsables, de existir, deben ser sometidos a la justicia.
La organización concluyó que este caso de Santiago debe marcar un antes y un después, y que la responsabilidad de diseñar y aprobar las políticas necesarias recae directamente en la Procuradora General de la República y la Ministra de Interior y Policía.
