ADOCCO acusa a Milagros Ortiz Bosch de prevaricación y rechaza amenazas de sometimiento por caso Ángel Hernández
José Peguero 
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) ha rechazado las amenazas de sometimiento a la justicia por supuesta difamación de la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch. Estas amenazas surgieron luego de que ADOCCO acusara a la funcionaria de prevaricación por archivar una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández.
La denuncia original y la respuesta de la DIGEIG
ADOCCO había presentado una denuncia el 2 de octubre de 2023 contra Ángel Hernández por supuestamente ocultar la existencia de una compañía conyugal en su declaración jurada de patrimonio. Esta empresa, denominada Constructora Playa Morón, adquirió un inmueble por más de 31 millones de pesos mientras Hernández ocupaba el cargo.
Ante el archivo de esta denuncia por parte de la DIGEIG el 1 de septiembre, ADOCCO acusa a Milagros Ortiz Bosch de prevaricación y ha reiterado que no se dejará intimidar. La organización de la sociedad civil ha anunciado que, ante el «despropósito del poder», iniciarán gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que detenga cualquier acción judicial en su contra.
Detalles de la denuncia contra Ángel Hernández
Tras el archivo de la denuncia en la DIGEIG, ADOCCO procedió a someter el caso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). La querella detalla que el exministro Hernández omitió intencionalmente la empresa Constructora Playa Morón en su declaración jurada de bienes.
La investigación de ADOCCO reveló que la empresa fue registrada por Hernández en 2022 y formalmente constituida en marzo de ese año. Sus propietarias son la esposa de Hernández, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y su hija. Un mes después de que Hernández asumiera el cargo de ministro de Educación, la empresa compró un inmueble en Las Terrenas, Samaná, por más de RD$31 millones.
ADOCCO señala que este valor contrasta con los ingresos declarados por Hernández y su esposa, lo que sugiere una posible violación de la Ley No. 155-17, que castiga el lavado de activos. La organización pide al Ministerio Público que acoja la denuncia, identifique a todos los participantes en los hechos y reúna las pruebas necesarias para formalizar la acusación penal correspondiente.
Ensegundos.do 
Amaury Mo 
