
El incremento de muertes en supuestos «intercambios de disparos» con la Policía Nacional coincide con la llegada del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta a la dirección de la institución en noviembre de 2023, según un análisis del periódico Diario Libre. Este aumento de la letalidad policial revierte una tendencia a la baja que se había mantenido por ocho años.
Escalada en la Letalidad Policial
Las cifras revelan un drástico cambio de rumbo en las muertes atribuidas a la acción policial. Después de descender de manera continua desde 225 en 2015 hasta un mínimo histórico de 60 en 2022, los fallecimientos se han disparado. En 2023, la cifra subió a 68, pero el verdadero salto se produjo en 2024, con 120 muertes, y en lo que va de 2025, ya se registran 170. Esto representa un incremento del 150 % desde la asunción de Guzmán Peralta.
Este cambio de tendencia contrasta con gestiones anteriores. Por ejemplo, en 2020, bajo la dirección de Edward Sánchez, las muertes bajaron de 110 a 77.
Un Análisis Comparativo y Contextual
El descenso continuo de la letalidad policial entre 2015 y 2022 se atribuye, en gran medida, a la presión de organismos de derechos humanos, los procesos de reforma institucional y factores coyunturales como la pandemia. Sin embargo, la llegada del actual director, nombrado por el presidente Luis Abinader, marcó un punto de inflexión. Antes de asumir la jefatura de la Policía Nacional, Guzmán Peralta había dirigido la Digesett y formó parte del equipo de seguridad de la campaña presidencial de Abinader, lo que lo vinculó directamente al proceso político.
La tasa de muertes atribuidas a la acción policial en la República Dominicana en 2025 es de 1.5 por cada 100,000 habitantes. Esto es casi cuatro veces superior a la de Estados Unidos (0.36 por 100,000), a pesar de que este último país tiene una mayor circulación de armas de fuego y una criminalidad organizada más sofisticada. Este contraste subraya la alta incidencia de muertes en operativos policiales en el país caribeño.
El aumento de muertes bajo la gestión actual plantea serios interrogantes sobre la política de seguridad implementada y sugiere un mayor uso de la fuerza letal en los operativos policiales, lo que representa un cambio significativo respecto a la línea de contención de años anteriores.