Corrupción, ahora un delito autónomo en la República Dominicana: así lo destaca Yeni Berenice Reynoso

Santo Domingo.Por primera vez en la historia del país, la corrupción se ha tipificado como un delito autónomo en el nuevo Código Penal, una medida crucial para la transparencia y la lucha contra los actos ilícitos en el sector público. Así lo afirmó la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia celebrada en la Dirección General de Aduanas (DGA).

“Cualquier hecho doloso que afecte el patrimonio público es un acto de corrupción y ese acto de corrupción no necesariamente tiene que estar expresamente dependiendo de otra conducta”, explicó Reynoso. Esto significa que la sanción por corrupción ya no depende de otros delitos, sino que puede ser penalizada directamente bajo esta nueva figura.

Nuevas leyes: penas más severas e inhabilitación de por vida

La conferencia, titulada «Importancia del Código Penal y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas para la Transparencia», destacó cómo las nuevas normativas, que entrarán en vigencia en 2026, fortalecen el marco legal. El nuevo Código Penal, alineado con la Ley de Lavado de Activos, establece penas de 3 a 10 años por actos de corrupción, lo que lo convierte en un delito precedente para futuras investigaciones.

Reynoso también resaltó la inclusión del enriquecimiento ilícito como un tipo penal específico, el cual permite el decomiso de los bienes obtenidos de forma ilegal y establece la inhabilitación de por vida para que la persona condenada no pueda ocupar ningún cargo público. «Al que se le condenó por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a una función pública, ni electiva, ni de designación», subrayó.

Responsabilidad penal para empresas y funcionarios

Otra de las novedades es la responsabilidad penal de las empresas. La procuradora explicó que las personas jurídicas ahora pueden ser procesadas, lo que puede llevar a su disolución. Esta medida es vital, ya que la mayoría de las grandes contrataciones con el Estado se realizan con empresas y no con personas físicas, aunque esto no exime a los funcionarios o individuos involucrados de un proceso judicial.

Reynoso enfatizó que el nuevo Código Penal también penaliza la manipulación de pagos y contratos de obras públicas, como la entrega de contratos «a dedo», la alteración de precios o el pago por trabajos inexistentes. «Cuando se usa el dinero del Estado para comprar o contratar, hay reglas, y romperlas es robarle al pueblo», puntualizó.

La procuradora concluyó que la corrupción es un problema transversal que afecta el desarrollo del país, desviando fondos que deberían destinarse a áreas vitales como la salud, la educación y la seguridad. “¿Quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, afirmó.

La conferencia contó con la presencia de destacadas figuras como el director de la DGA, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla; y el gerente Legal de la DGA, Oscar D´Oleo Seiffe.