
Valverde. En un importante avance en la investigación contra la red de registro ilegal de defunciones, la Fiscalía de Valverde arrestó este viernes a cinco mujeres, entre ellas cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, por su presunta vinculación con el caso que involucra a Máximo Mendoza.
Las imputadas, identificadas como las doctoras Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, junto a la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, fueron detenidas con una orden judicial en la sede de la Fiscalía. Se les acusa de falsificación y aporte de datos falsos en los registros de defunciones.
El Ministerio Público informó que las mujeres serán sometidas a la justicia en las próximas horas y solicitará que el caso sea declarado complejo.
El Alcance de la Red Delictiva
Máximo Mendoza, el principal imputado, ya cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao. El Ministerio Público ha establecido que Mendoza se dedicaba a la falsificación de documentos públicos para registrar fraudulentamente a personas como fallecidas ante la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud.
Según las investigaciones, el móvil detrás de estos actos era dañar a las víctimas por supuestas deudas económicas. Se han identificado seis víctimas, la mayoría de ellas personas en situación de vulnerabilidad que habían recibido préstamos de Mendoza, quien retenía sus tarjetas de programas de asistencia social.
Para lograr su cometido, Mendoza acudía a Unidades de Atención Primaria de Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar de las víctimas (primo, tío o esposo). Utilizaba a médicos pasantes y sin exequátur para que llenaran los registros de defunción, siendo las cuatro doctoras arrestadas parte de este esquema.
El Ministerio Público, con la colaboración de la DICRIM y la Dirección de Seguridad de la JCE, ha consolidado un expediente que imputa a las detenidas la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23. El caso sigue bajo la dirección de los fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía.