Denuncian proyectos Ilegales en Punta Cana y amenazas a la seguridad jurídica

Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), ha denunciado la existencia de proyectos de construcción que operan con permisos irregulares en zonas turísticas como Playa Bávaro y Uvero Alto. Veloz urgió a las autoridades a asegurar que todas las edificaciones cuenten con la documentación en regla, incluyendo los títulos de propiedad, para proteger la seguridad jurídica del destino.

Veloz hizo estas declaraciones durante la juramentación de la directiva de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) en Punta Cana. El dirigente hotelero manifestó su profunda preocupación por los conflictos que, a pesar de ser notificados a las instituciones correspondientes, no han recibido una respuesta definitiva.

Caso Noval y Otras Irregularidades

El presidente de ASOLESTE se refirió específicamente a un proyecto residencial y comercial de la constructora Noval en Playa Bávaro, el cual, según Veloz, fue iniciado a pesar de un impedimento legal. «Es inconcebible que se pueda iniciar un proyecto habitacional sin haber obtenido todos los permisos necesarios», afirmó. Veloz explicó que, según la documentación a la que ha tenido acceso, en el contrato de venta y en el registro inmobiliario de la propiedad se estipuló que el terreno sería usado «única y exclusivamente para la construcción de un delfinario y un parque acuático».

Además del caso de Noval, Veloz mencionó que en la zona de Uvero Alto hay hoteleros «acosados por personas y empresas que carecen de legalidad y pretenden hacer usufructo de propiedades que legalmente no le pertenecen».

Impacto en la Inversión Turística

Veloz destacó que este tipo de situaciones afecta negativamente la imagen de la región como destino de inversión. La falta de seguridad jurídica podría desalentar a futuros inversionistas o causar pérdidas a aquellos que ya han adelantado pagos para la compra de residencias o locales comerciales, solo para encontrarse con litigios que impiden el desarrollo de los proyectos.

El dirigente hotelero concluyó que, si bien la preservación de la imagen positiva de los destinos turísticos es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y las empresas, el rol principal recae en las instituciones del Estado, que deben vigilar el cumplimiento de las normas para mantener el prestigio de la región.