
En lo que va de 2025, la Policía Nacional ha reportado la muerte de 171 personas, la mayoría bajo la figura de los llamados “intercambios de disparos”. Este término, que se ha vuelto habitual en los partes oficiales, genera cada vez más cuestionamientos entre la población y organismos defensores de derechos humanos, que denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos.
Un promedio que alarma
Si se hace el desglose, los 171 fallecidos equivalen a un promedio de 21 personas muertas cada mes y casi una muerte cada día y medio en supuestos choques con agentes policiales. Estas cifras, lejos de inspirar confianza, han reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la transparencia en los procedimientos de seguridad.
El patrón repetitivo
En la mayoría de los reportes oficiales, se repite el mismo libreto: individuos armados que abren fuego contra patrullas policiales y caen abatidos en la respuesta. Sin embargo, testigos y familiares suelen dar versiones distintas, señalando que las víctimas fueron apresadas con vida y luego reportadas como fallecidas.
Críticas al modelo de seguridad
Especialistas en criminología advierten que este patrón evidencia un modelo de seguridad que prioriza el “abatimiento” antes que la investigación y el sometimiento judicial. Esto no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
El desafío pendiente
Mientras las autoridades sostienen que se trata de actuaciones legítimas en defensa propia, los números revelan una realidad inquietante: 171 muertos en menos de nueve meses proyectan que 2025 podría cerrar con más de 220 víctimas si la tendencia continúa.
La pregunta que muchos se hacen es si estos “intercambios” son realmente enfrentamientos inevitables o si se han convertido en un método sistemático para cerrar casos de manera rápida, sin rendición de cuentas.