José Peguero 
En una operación denominada «Domo», la Procuraduría General de la República desmanteló una compleja red criminal dedicada a la piratería digital, dirigida por seis ciudadanos dominicanos. Según las autoridades, este esquema de estafa causó pérdidas de más de 500 millones de dólares a las principales plataformas de streaming.
La red operaba a través de la reventa ilegal de servicios de televisión por cable, series, películas y eventos de pago por visión. Las compañías afectadas, que incluyen a Netflix, Disney, Paramount Pictures, Amazon Studios, Universal, Columbia Pictures, Warner Brothers y Sony Picture, presentaron una denuncia ante la justicia dominicana.
Operación y Acusados
Los presuntos líderes y operadores de la red han sido identificados como Leonardo Casi, Raúl Guzmán, Leoni Croez, Ernesto Guzmán, Keomiris Torres y Víctor Torres. Las autoridades acusan a Casi de coordinar las operaciones ilícitas, mientras que a Guzmán se le atribuye la administración financiera. Se señala a Leoni Croez por participar en la adquisición y ocultamiento de bienes, y a Ernesto Guzmán como testaferro. Keomiris Torres es identificada como intermediaria financiera, y Víctor Torres como el receptor de activos virtuales.
Según el Ministerio Público, la estructura habría movido más de 848.9 millones de pesos en el sistema financiero local, además de adquirir bienes inmuebles y vehículos de alto valor. Se estima que el grupo también movió más de 500 millones de dólares en la criptomoneda Bitcoin. La investigación detalla que los fondos eran colocados en el sistema financiero a través de cuentas bancarias y puestos de bolsa, e incluso se utilizaban para adquirir títulos de valores.
Delitos y Colaboración Internacional
El caso ha sido calificado como un ciberdelito ciberdependiente, ya que su comisión depende de la tecnología. Los imputados enfrentan cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados por las leyes de derecho de autor y de crímenes de alta tecnología. El Ministerio Público ha destacado que la violación a la propiedad intelectual en República Dominicana es un delito de instancia privada, lo que requiere que las empresas afectadas presenten una querella para que se inicie la persecución.
La operación, que incluyó 19 allanamientos en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Nacional, el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI).
Ensegundos.do 
AFP 
Amaury Mo 
José Rafael Sosa 