“El que haya robado el dinero de Senasa, que pague las consecuencias”

El eco de la voz del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, resuena con un clamor que ha calado hondo en el corazón del pueblo dominicano: “El que haya robado el dinero de Senasa, que pague las consecuencias”. Esta declaración, pronunciada en el marco de la misa en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, no es solo un sermón religioso, sino un grito de indignación y un llamado a la acción que se alinea con el sentir popular.

La investigación de las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la principal administradora de riesgos de salud del país, ha destapado una herida que lleva mucho tiempo sangrando en nuestra sociedad. El presunto desvío de fondos públicos de una institución dedicada a garantizar el acceso a la salud de sus afiliados no es un simple delito administrativo; es un atentado directo contra la dignidad y la vida de miles de dominicanos.

Los fondos que habrían sido captados mediante artimañas corruptas no son una cifra abstracta en un balance. Son medicinas que no llegaron a un enfermo, citas médicas que no se pudieron pagar, cirugías pospuestas y, en el peor de los casos, vidas que se perdieron por la negligencia y el descaro de quienes, desde el poder, se lucran a costa de la miseria ajena.

La frustración del pueblo dominicano se hace palpable en el desencanto del arzobispo, quien confesó que su esperanza en la institución está «tambaleando». Y es que es inaceptable que los culpables de un crimen de esta magnitud, que niega a la población el acceso a un servicio tan fundamental, continúen su vida «como si nada».

El clamor popular exige que esta vez sea diferente. Que las investigaciones no queden en promesas vacías y que el Ministerio Público actúe con la contundencia necesaria para que haya un castigo ejemplar. La impunidad ha sido un veneno que ha corroído las bases de nuestra sociedad, y la única forma de sanar es a través de la justicia.

El pueblo dominicano pide, con la fe puesta en su patrona y en las instituciones, que quienes atenten contra su bienestar y su salud sean castigados. No se trata de un simple acto de venganza, sino de un acto de justicia que restablezca la confianza en el Estado y envíe un mensaje claro: la salud del pueblo no es negociable, y la corrupción que la amenaza tendrá consecuencias.