Solicitan 18 meses de prisión contra red de piratería digital por fraude de más de 20 millones de dólares en la Operación Domo

Santo Domingo. El Ministerio Público (MP) informó que posee los elementos de prueba suficientes para solicitar la imposición de medida de coerción contra los seis imputados de la red de piratería digital desmantelada a través de la Operación Domo.

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detalló que el caso envuelve más de 20 millones de dólares, incluyendo transacciones en bitcoin, y que el órgano acusador ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra los imputados.

Los imputados y la magnitud del caso

Los acusados en la Operación Domo son: Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes.

La fiscal Ramos destacó la magnitud del caso en la lucha que mantiene el Ministerio Público contra el lavado de activos y los delitos de alta tecnología. Explicó que la entrega voluntaria de Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes respondió al llamado de las autoridades, dada la búsqueda activa que se realizaba.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, para el domingo 28 de septiembre a las 9:00 de la mañana, a solicitud de las nuevas defensas que se sumaron al proceso.

Delitos y cooperación internacional

Según las investigaciones, los imputados operaban servicios de distribución y streaming ilegales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.

Estas acciones constituyen graves violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, en perjuicio de compañías internacionales y del Estado dominicano.

La Operación Domo fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de diversas procuradurías especializadas, incluyendo la de Propiedad Intelectual (UPI) y la de Crímenes de Alta Tecnología (Pedatec). El operativo contó con el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.