
Los comercios intervenidos, ubicados en distintas provincias, fueron objeto de inspecciones técnicas que revelaron deficiencias significativas como falta de redundancia estructural, pisos blandos, deformaciones importantes, así como irregularidades en elevación y en planta.
El ministro Bonilla declaró que “nuestro compromiso es claro: garantizar que quienes trabajan en estos establecimientos y quienes los visitan estén protegidos. Todas las medidas adoptadas tienen ese objetivo: la vida y la seguridad de la gente”.
Entre otros hallazgos, también se identificaron fallas en las líneas de transferencia de cargas, uniones mal construidas, ausencia de soldaduras, pernos sin el torque adecuado, y secciones estructurales no compactas ni precalificadas conforme a normas internacionales.
Durante la presentación, el ingeniero estructuralista Luis Abbott, quien acompañó al ministro, advirtió que varias de las edificaciones clausuradas presentan un nivel de vulnerabilidad tan alto que podrían colapsar incluso sin que ocurra un sismo o fenómeno atmosférico, por lo que recomendó realizar evaluaciones técnicas inmediatas para corregir fallas y clasificar su nivel de riesgo.
Antes de la rueda de prensa, el MIVED sostuvo un encuentro con los representantes de los comercios clausurados, a quienes se les presentó el informe técnico de manera detallada. La institución reiteró su disposición de colaborar en la corrección de las deficiencias, mientras que los propietarios mostraron apertura para atender los requerimientos y avanzar en su regularización.
Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la seguridad de la población, mediante un proceso técnico y transparente que involucra tanto a las autoridades como a los dueños de los establecimientos.
El Ministerio de Vivienda recordó que la ejecución y operación de edificaciones sin licencia de construcción, sin inspecciones técnicas por etapas ni certificación final, constituye una infracción administrativa con posibles consecuencias legales, además de representar un riesgo para la vida, la integridad física de los ciudadanos y la seguridad nacional.