
Santo Domingo. La Fuerza de Tarea Conjunta informó este lunes 29 de septiembre el inicio de un plan de acción a partir de octubre para intensificar el retiro de armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas.
Las medidas se enmarcan en el Decreto No. 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz. Las acciones se focalizarán en las localidades identificadas con mayor incidencia de homicidios y conflictos sociales relacionados con el uso de armas de fuego.
De forma paralela a estas operaciones, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) anunció un período de gracia especial para la renovación de licencias de armas vencidas. La medida, dispuesta mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, estará vigente entre octubre y diciembre. Este lapso permitirá a los ciudadanos regularizar su situación bajo condiciones económicas más favorables.
La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. La ministra destacó que el objetivo es prevenir el uso indebido, el desvío y el tráfico de armas de fuego.
“Estas armas tienen que ser sacadas de nuestras calles y entregadas al Ministerio de Interior y Policía, donde serán fiscalizadas para determinar su trazabilidad y origen”, puntualizó Raful.
Estadísticas de recuperación y tasa de homicidios
Según datos de la Policía Nacional, en lo que va de 2025 se han recuperado 5,700 armas de fuego. De este total, 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.
Respecto a la seguridad ciudadana, la ministra informó que la tasa acumulada de homicidios al 26 de septiembre de 2025 se sitúa en 8.1 por cada 100 mil habitantes. Indicó que 25 demarcaciones se mantienen en cifras de un solo dígito, mientras que 9 registran tasas de dos dígitos. Entre estas últimas, Dajabón y Azua presentan tasas de 10.7 y 10.8, respectivamente, manteniéndose en nivel amarillo.
Raful también mencionó la próxima presentación de un registro de agresores sexuales en el marco del nuevo Código Penal, bajo la responsabilidad del Ministerio Público. El plan de acción anunciado reafirma el compromiso gubernamental con la seguridad ciudadana mediante el control de armas y la reducción de la violencia.