
El Ministerio Público (MP) ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra once agentes de la Policía Nacional, imputados por los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario tras el abatimiento de cinco hombres ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, en Santiago.
La medida de coerción fue presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción de Santiago. Además de la prisión preventiva, la fiscalía ha pedido la declaratoria del caso como de tramitación compleja.
Obstaculización de la investigación
El MP, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, y la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, argumenta que los imputados intentaron ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior al hecho.
En su solicitud, explican que los agentes realizaron una serie de acciones para destruir pruebas, incluyendo la sustracción de los DVR de las cámaras de seguridad de los negocios de la plaza. Incluso, obligaron al propietario de un local cerrado a entregarles el DVR.
Además, los agentes habrían confiscado teléfonos móviles de varias personas que se encontraban en el lugar y que comenzaron a grabar lo sucedido, con el objetivo de eliminar las grabaciones.
Los imputados y las víctimas
Los agentes policiales a quienes se les imputan los hechos son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas mortales del suceso han sido identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Calificación jurídica y detalles del suceso
El Ministerio Público ha otorgado provisionalmente al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.
Según el relato de la fiscalía, los agentes llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros, un Mazda y un Honda Civic, y una KIA K5). «Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas«, en presencia de testigos.
Tras el suceso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la investigación para determinar las circunstancias objetivas del caso y proceder conforme a los resultados.