
En Estados Unidos, se han reportado preocupantes casos de abusos por parte de agentes federales contra ciudadanos y residentes latinos, según denuncias elevadas al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los incidentes incluyen detenciones violentas, uso excesivo de la fuerza y arrestos sin fundamentos legales, en muchos casos motivados por el color de piel o el idioma de las víctimas.
El abogado Luis Carrillo, representante de varios afectados en California, calificó los hechos como parte de un “patrón de abuso” impulsado por las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Entre los casos presentados figura el de Cary López Alvarado, una ciudadana estadounidense con nueve meses de embarazo, quien fue esposada por agentes migratorios tras pedirles una orden judicial. La agresión, según la denuncia, le habría causado un parto prematuro.
Otro caso es el de Andrea Vélez, también ciudadana estadounidense, quien fue arrestada sin justificación por agentes encapuchados de ICE mientras se dirigía a su trabajo. Su familia incluso llegó a pensar que había sido secuestrada, al no recibir apoyo de la policía local. De igual manera, se denunció la detención de un joven con discapacidad de 15 años, quien fue encañonado y esposado “por error” durante un operativo.
Carrillo responsabiliza directamente a una reciente decisión de la Corte Suprema, que —según afirma— ha dado “luz verde” a detenciones basadas en el perfil racial. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, advirtió sobre el peligro de vivir en un país donde se pueda arrestar a una persona solo por “parecer latina o hablar español”.
Los abogados aseguran que estas prácticas reflejan un deterioro de los derechos humanos de la minoría latina en Estados Unidos y pidieron a la ONU investigar los casos como posibles violaciones al derecho internacional. Para muchos defensores, el creciente clima de miedo en las comunidades hispanas constituye una amenaza directa a las libertades civiles y a los principios fundamentales de justicia.