
Un grupo de exempleados del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), algunos con hasta 40 años de servicio, denunció en las Exclusivas de José Peguero que continúan esperando el pago de sus prestaciones laborales desde que fueron desvinculados, algunos tan recientemente como 2022 y 2023. Los afectados acusan a la actual administración de la institución de dilatar los pagos, utilizar dinero destinado a liquidaciones para otros fines y maltratarlos, incluso tildándolos de «botellas» y «vagos».
Los exempleados, quienes afirman haber realizado 26 protestas sin ninguna consecuencia para los funcionarios responsables, claman por la intervención directa del presidente Luis Abinader, a quien acusan de seguir escuchando a un funcionario que califican de «enajenado mental» y con un «historial sucio».
Graves consecuencias humanas y legales
Los testimonios recogidos por el programa señalan que la falta de pago está causando graves consecuencias:
- Problemas de Salud: Varios exempleados están gravemente enfermos, algunos requiriendo diálisis, evacuando por funda o esperando operaciones urgentes por problemas de salud severos (como el de válvula del corazón en el caso de una empleada), y necesitan el dinero para costear medicamentos y estudios médicos.
- Muertes: Denuncian que varios compañeros han fallecido mientras esperaban sus prestaciones, incluyendo un señor de Bocachica.
- Maltrato y Humillación: Meris Dalia Lara, quien trabajó 14 años, relató haber sido maltratada en una protesta. Otra empleada, Siomara, con 40 años de servicio, se desvaneció en el CEA después de que un individuo la insultara y la tildara de «prostituta», «vaga» y «botella» durante una visita pacífica para conciliar.
- Manipulación Documental: Un empleado desvinculado en diciembre de 2023 acusó a la institución de intentar elaborar un documento para que él reconociera que no iba a trabajar y así cancelar sus derechos.
Los exempleados aseguran que el funcionario en cuestión apeló todas las sentencias judiciales a su favor, aumentando así la deuda del Estado. Además, afirman que una partida de RD$80 millones destinada a liquidar la deuda de los extrabajadores fue supuestamente desviada a remodelaciones y otras áreas.
Exigencia de justicia y soberanía sobre los derechos
El grupo exige que se cumpla lo establecido en las leyes y en las sentencias definitivas, rechazando las negociaciones que ofrecen entre el 60% y el 70% de sus prestaciones.
Juan Félix Santana, quien laboró 22 años en el área de mantenimiento eléctrico, se dirigió directamente al presidente Abinader: «Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley […]. Yo quien estoy enfadado es con Luis Abinader, el presidente de la República». Lamentó que un funcionario esté engañando y mintiendo al mandatario, sugiriendo que el dinero para el pago ya fue enviado y que el director del CEA ha hecho lo que le ha dado la gana con él.
Los exempleados también señalaron que el funcionario se fue por encima de la ley al iniciar un deterioro en la institución y obligar a empleados de larga data a optar por irse a Bienes Nacionales o ser cancelados sin prestaciones.
José Peguero concluyó la entrega haciendo un llamado a la sensibilidad del presidente Abinader, pidiéndole que haga que se cumpla la ley y que los derechos de estos ciudadanos, muchos de ellos sin otra garantía que estas prestaciones, sean restablecidos.