
El equipo de beisbol profesional Águilas Cibaeñas informó que Fabio Augusto Jorge, miembro de su Consejo Administrativo y quien es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA) tomará una licencia temporal de sus responsabilidades del equipo, tras la publicación de la noticia.
A través de un comunicado de prensa, la organización precisó que se abstiene de emitir comentario o valoración sobre los asuntos personales de Jorge, mientras tienen curso las investigaciones.
“En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento”, señalan.
Asimismo, manifestaron que sus operaciones deportivas y administrativas prosiguen su curso normal y sin interrupciones.
“Queremos asegurar a nuestros aficionados y socios comerciales que las operaciones deportivas y administrativas del equipo prosiguen su curso normal, sin interrupciones, manteniendo un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en la próxima temporada, en el desarrollo de nuestro talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores”, aclaran.
Las Águilas indicaron que mantienen confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinaran los hechos con transparencia.
“Nuestra institución mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades, siendo estos los valores que guían cada decisión. Estos principios son fundamentales para la forma en que servimos a nuestros jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país”, dice el comunicado.
Fabio Augusto Jorge-Puras, también exasesor honorífico para las zonas francas, es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.
Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.
El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.