José Peguero 
Santiago, R.D. – Un tribunal de Santiago dictó medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional imputados por su presunta participación en el abatimiento de cinco hombres ocurrido el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita. La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente se tomó tras ponderar la gravedad de los hechos y la investigación preliminar presentada por el Ministerio Público.
La jueza Yerixa Cabral de la Cruz declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva a cuatro de los agentes, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. Los uniformados con prisión preventiva son: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación.
A los siete agentes restantes se les impuso una garantía económica de un millón de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica. Estos son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público para autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso.
Detalles de la acusación y declaraciones del Ministerio Público
Los agentes están siendo procesados por la muerte de cinco hombres: Elvis Antonio Martínez Rodríguez (26), Julio Alberto Gómez (28), Carlos Enrique Guzmán Navarro (40), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y José Vladimir Valerio Estévez (25).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, enfatizó al salir de la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, el compromiso del Ministerio Público con la investigación. “Desde el principio nos hemos comprometido, ya investigamos y procesamos estos hechos que produjeron cinco muertos, y es necesario que se haga justicia”, afirmó Camacho, acompañado por fiscales de Santiago.
El Ministerio Público ha establecido que los imputados llegaron a la plaza en tres vehículos y que, al descender, dispararon contra las víctimas «sin mediar palabras». La calificación jurídica provisional del caso es de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La solicitud de medida de coerción detalla que, posteriormente al hecho, los agentes sustrajeron los DVR de los negocios y varios teléfonos móviles de personas presentes, incluyendo el de un testigo que grabó lo ocurrido. Estas acciones, según el Ministerio Público, fueron ejecutadas con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación.
Ensegundos.do 
AFP 
Amaury Mo 