
Estados Unidos confirmó la extradición de dos sobrevivientes —uno ecuatoriano y otro colombiano— tras el ataque militar contra un submarino narco en el Caribe, acción que dejó dos personas muertas y reaviva las tensiones por la creciente presencia militar norteamericana en la región.
El presidente Donald Trump anunció la operación a través de su red Truth Social, donde celebró la destrucción de la embarcación y aseguró que los sobrevivientes serían enviados a sus países para enfrentar la justicia. “Fue un gran honor destruir un enorme submarino que transportaba drogas hacia Estados Unidos”, escribió el mandatario, calificando a los tripulantes como “terroristas”.
El operativo, ejecutado el jueves pasado cerca de las costas venezolanas, forma parte de una ofensiva antidrogas que ha intensificado la actividad militar estadounidense en el Caribe. Se trata del sexto ataque confirmado contra embarcaciones sospechosas en apenas un mes y del primero en el que se registran sobrevivientes. En los cinco ataques anteriores, al menos 27 personas habrían muerto, según cifras del propio gobierno de Estados Unidos.
La Casa Blanca sostiene que el submarino transportaba fentanilo y otras drogas sintéticas destinadas al mercado norteamericano, utilizando una ruta marítima conocida del narcotráfico.
La ofensiva militar estadounidense ha desplegado en la zona aviones F-35, bombarderos B-52, destructores con misiles guiados, un submarino nuclear y más de 10.000 soldados, lo que ha generado inquietud internacional. Días antes del ataque, bombarderos estadounidenses habían sobrevolado a menos de 250 kilómetros de la costa venezolana, mientras Trump autorizaba a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio de Venezuela bajo el argumento de “combatir el narcotráfico y el flujo migratorio”.
Sin embargo, estas acciones han provocado un fuerte debate legal y político en Washington. Varios legisladores demócratas y expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de los ataques, alegando que el Ejecutivo necesita autorización del Congreso y pruebas verificables de que las embarcaciones destruidas realmente transportaban drogas.
El gobierno venezolano, por su parte, calificó la operación como una “agresión militar directa”. Nicolás Maduro advirtió que podría declarar el estado de emergencia nacional si continúan los ataques, y asumirse poderes extraordinarios para responder.
Mientras tanto, Trump mantiene su posición: los ataques son parte de una guerra no convencional contra lo que denomina “organizaciones narcoterroristas en el Caribe”, y prometió que “no habrá tregua”.