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Decenas de activistas y miembros de movimientos sociales y ambientales marcharon este domingo 19 de octubre por las calles de la capital, culminando frente al Palacio Nacional, para exigir al Gobierno el respeto al derecho al agua, la protección del medio ambiente y el cese de proyectos considerados destructivos.
La movilización fue liderada por un pelotón de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, quienes se unieron a organizaciones de alcance nacional como el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
El grito de Peravia: «Punta Catalina enferma y mata»
Enarbolando una banderola que acusaba «Punta Catalina enferma y mata», los manifestantes de la provincia Peravia y otras comunidades marcharon en reclamo de varias reivindicaciones ambientales clave:
- No a la minería en la Cordillera Central («Madre de las Aguas»).
- Cese de los desalojos de comunidades.
- Retiro inmediato de las barcazas de Los Negros de Azua.
- Eliminación de la contaminación generada por la central termoeléctrica Punta Catalina en Baní.
Acusan al gobierno de servir a corporaciones
Previo a la marcha, Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA, se dirigió a los asistentes. Cuevas Medina criticó la gestión del presidente Luis Abinader, señalando que el único camino que le queda al pueblo es la protesta en las calles ante la «sordera, indiferencia y hostilidad» del Gobierno, al que acusó de servir únicamente a los intereses de las «grandes corporaciones y del Capital».
Lectura del manifiesto frente al Palacio Nacional
La manifestación finalizó frente al Palacio Nacional, donde la profesora Leonor Ramírez, del movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, leyó el «Manifiesto en Defensa del Agua, la Vida, la Soberanía Nacional y los Derechos de la Población Trabajadora».
El documento, leído ante un fuerte contingente policial, fue un pliego de cargos contra las políticas ambientales actuales. El manifiesto exigió directamente al presidente Abinader detener el Proyecto Romero en San Juan y advirtió sobre el riesgo que representa una nueva presa de colas en El Naranjo-Cotui, cuya construcción pondría en peligro la salud y sostenibilidad del país.
El Manifiesto condenó además una larga lista de proyectos sin «licencia social comunitaria», incluyendo la destrucción de Bahoruco Oriental y la Laguna de Cabral, el Proyecto Neita en Dajabón, y la desprotección legal de Loma Miranda.
Finalmente, el texto concluyó con una fuerte advertencia a las élites políticas, señalando que «si no se escucha la voz del pueblo, será inevitable la rebelión popular contra los abusos y privilegios».
AFP 
Amaury Mo 
Frarman García