Participación Ciudadana pide evitar el narcotráfico en la economía y los partidos políticos

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha emitido un urgente llamado a los actores económicos, al Gobierno, y al sistema de partidos políticos para que tomen medidas drásticas que impidan la infiltración de personas y recursos del narcotráfico y el lavado de activos en la República Dominicana.

La exigencia surge a raíz de recientes informaciones que vinculan a figuras de alto perfil empresarial y con estrechos lazos con el poder político, particularmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en actividades ilícitas. Estos casos han generado una justificada preocupación social sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado y de los organismos especializados de supervisión.

Fallas en los Controles y la Ley 155-17

Participación Ciudadana subraya que los organismos de supervisión y los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, deben ser más efectivos en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para evitar que individuos vinculados al crimen organizado penetren la actividad económica nacional.

En este sentido, el movimiento cívico reitera su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como los candidatos individuales, sean clasificados como sujetos obligados no financieros bajo la Ley 155-17. Esto los obligaría a realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de los fondos en sus campañas, dificultando el acceso de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos precedentes.

Responsabilidad del PRM y casos escandalosos

Respecto al actual partido de Gobierno, el PRM, Participación Ciudadana reconoce su comunicado oficial desvinculándose de los actos ilícitos, alegando la responsabilidad penal individual. No obstante, el movimiento considera que el partido «tiene cuota de responsabilidad» por permitir el acceso a sus filas y/o el financiamiento, directo o indirecto, de sus actividades político-electorales.

Se hace referencia a los innumerables casos destapados en los últimos años, muchos vinculados a esa organización política, como el exdiputado del PRM Miguel Gutiérrez, condenado en Estados Unidos a 16 años de prisión; la exlegisladora Rosa Amalia Pilarte, condenada a cinco años; los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y otros funcionarios electos. Además, mencionan casos recientes como los de Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición por Estados Unidos, quienes desarrollaban actividades económicas «con relativa normalidad».

Participación Ciudadana destaca que en muchos de estos casos, las actividades sospechosas de los hoy investigados o condenados eran parte del «vox populi» o rumor público en sus comunidades, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales.

Exigencia al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos

Por estas razones, el movimiento cívico reclama al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por la Procuraduría General, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la DNCD, entre otros— que haga uso de su poder reglamentario para clasificar formalmente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, aplicándoles todos los efectos que dispone la ley.